sábado, 9 de abril de 2016

8 razones por las que Peña Nieto debe garantizar la entrevista entre GIEI y militares relacionados con el caso Ayotzimapa

El ejército: experto en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
(La Voz del Anáhuac)
Investigar la participación del ejército federal en los hechos del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, como una de las líneas de investigación para llegar a la verdad, es una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comisionado por el Centro Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto, más que haber puesto en evidencia la truculencia de la “verdad histórica” que la Procuraduría General de la República (PGR) se empeña en sostener unilateralmente, es lo que ha llevado al Estado a orquestar una campaña difamatoria contra el GIEI y a romper acuerdos con éste, provocando que declarara no estar dispuesto ya a colaborar con la PGR.
         Allá, arriba, echaron las campanas a vuelo: ¡el GIEI se retira! Festinaron. Pero no entendieron que no estar dispuestos a colaborar con la PGR no significa dejar de investigar. El GIEI ha reiterado su compromiso con la verdad, así toque fibras sensibles del poder. El grupo de expertos fue integrado por la CIDH. Su compromiso es con los derechos humanos, con las víctimas, con los desaparecidos, con los asesinados, con los heridos y sus familias. El GIEI no está bajo las órdenes del gobierno federal. En todo caso quien podría determinar el término de sus funciones en México sería la CIDH, no gobernación, ni la presidencia, ni la Secretaría de la Defensa Nacional.
         Aquí reproducimos una presentación de las 8 razones por las que el GIEI demanda la investigación de la participación del ejército federal en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
         Y agregamos una de carácter histórico:
Desde fines de los años 60’s, el transcurso de los años 70’s y parte de los 80’s, el ejército federal (y particularmente el 27 batallón) se especializó en detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado de pueblos enteros en el estado de Guerrero. Ese período conocido como “guerra sucia” (en realidad guerra de exterminio) basado en los manuales de Guerra de Baja Intensidad que los militares y policías mexicanos aprendieron en la Escuela de las Américas, organismo del ejército yanqui para entrenar e instruir a las fuerzas represivas de América Latina en tácticas y estrategia contrainsurgente. En todo el período señalado estas enseñanzas tuvieron como objetivo exterminar las guerrillas que encabezaron Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Los “vuelos de la muerte”, “tierra arrasada” y otras operaciones militares tenían por finalidad aislar a la guerrilla (“quitarle el agua a pez”), así hasta el aniquilamiento.
Desde entonces se hizo evidente la relación del ejército con los grupos narcotraficantes. Una vez desarticulada la guerrilla estos vínculos con el narco se hicieron más profundos y evidentes, a tal grado que dos connotados generales, responsables del genocidio en Guerrero, fueron a dar a la cárcel, no por sus crímenes contra el pueblo, sino por sus vínculos con el narco (Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro). Su detención fue más con fines mediáticos que de desarticulación de las células criminales, pues estas, desde entonces han seguido funcionando en medio de la guerra por el control de plazas. Se han sucedido en esta rebatinga diversos cárteles. La garantía que necesitan para apoderarse del mercado negro es la relación que hacen con el ejército. Nada que tenga que ver en cuanto a tráfico de drogas en Guerrero se mueve sin el conocimiento y participación del ejército. Así ha sido hasta ahora. Eso explica la estrecha relación de complicidad de Abarca con el 27 batallón.

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