martes, 31 de octubre de 2017

Inquilinos trazan estrategia contra despojo gentrificador en el centro histórico

Vecinos evitan desalojo en el centro histórico
Eliana Gilet / Fotos: Ernesto Álvarez
Agencia SubVersiones
Gentrificación es una palabra vacía. En la calle Emiliano Zapata, que es la continuación de Moneda y va hacia Anillo de Circunvalación, hay un edificio dónde los vecinos pelean desde hace más de un año su casa en el centro de la ciudad.
El primer round empezó antes de las siete de la mañana del miércoles 13 de julio de 2016 y era como una escena de Narcos: ochocientos granaderos cortaron la circulación de toda la zona, mientras unos trepaban por el frente del edificio con escaleras y otros bajaban desde dos helicópteros que sobrevolaron el lugar, a menos de cinco cuadras del Zócalo de la ciudad. Ese día, no mediaron palabras. De los 24 apartamentos, la fuerza pública vació 10. Tras ese primer golpe, los vecinos fueron entendiendo de qué se trataba y cómo funciona el sistema judicial que legitima el despojo urbano. Y también trazaron su estrategia.
Cada uno de los 24 apartamentos de Zapata está denunciado por separado, en una causa y juzgado diferente, algo que les dificultó una respuesta común. El hombre que los denuncia se llama Ricardo Piñeyrúa, y está representado por un grupo nutrido de abogados, de los que destacaremos a dos: Mario Platas Pacheco y José Antonio Vargas Del Valle.
Además de que los vecinos llevan más de diez año, veinte, treinta, o más años en algunos casos viviendo en ese lugar, desde el 2002 se ocupan también de su gestión, para lo que fundaron una asociación que los nuclea.
A comienzos del año pasado, Piñeyrúa demandó a una lista de antiguos arrendatarios por deber las rentas de 2016, cuando hace mucho más tiempo que ninguno de los vecinos las paga y que nadie lo reconoce tampoco a él como dueño. Todos los documentos siguen a nombre de Rosario Fernández y Fernández, una mujer hija de asturianos que compró ese edificio en 1943, a los 21 años y murió en 2004. Y aunque Piñeyrúa afirme ser su heredero, no puede probarlo. Sin embargo, consigue movilizar a la policía y a la justicia para desalojar gente y lo ha hecho ocho veces más desde aquella primera, que parecía una escena de Narcos. Y en dónde se desalojaron apartamentos para los que no se tenía orden judicial.
Ese mecanismo se detuvo el viernes 20 de octubre último, durante el noveno intento de desalojo en Zapata #68. Al comienzo fue similar a los anteriores, la policía llegó a instalarse en las calles laterales, para luego cercar la cuadra. En la puerta del edificio, el jefe de la policía abrió paso al actuario y a los abogados de Piñeyrúa. Una vez más, igual que las anteriores, la orden de desalojo que traía el enviado del juzgado civil 47 venía a nombre de otra persona.
“Usted sabe que ninguna de esas personas vive aquí”, le increpan los vecinos al abogado. Y entonces, el cambio. Se abre un espacio de diálogo. 
Laura, la vecina a quien vienen a desalojar, presenta sus razones: ocupa este apartamento desde el año 2005 y además hay otro juicio en curso, en dónde están peleando la prescripción de la propiedad de este lugar, ante la falta de los dueños originales. Presenta sus documentos.
Otra de las trampas judiciales es que hay varios expedientes sobre el mismo caso y no hay ninguna instancia que analice la situación de manera global, y que atienda la necesidad de vivienda de quienes han habitado y mantenido un lugar durante mucho más que cinco años, que es lo que establece la ley para ganar la propiedad de un edificio.
En cada desalojo, el actuario debe hacer un escrito, un informe al juez –jueza en este caso– en dónde le explica qué fue lo que pasó en “la diligencia”. Como los vecinos no son los denunciados, no tienen acceso al expediente del caso, por lo que no saben con certeza qué es lo que pasa en el proceso que decide sobre el lugar dónde viven.
El viernes 20, el actuario Carlos Carreola Cornejo decidió informar que la situación es más compleja y que hay una pelea fundamentada de otras personas por ese mismo lugar. Abrió así una brecha que deja en manos de la jueza interina del civil 47, Norma Alejandra Muñoz Salgado, –en lugar de la jueza anterior de la causa, Griselda Martínez Ledesma– la posibilidad de analizar la situación globalmente, suspender definitivamente el desalojo de ese apartamento y dar por concluido el juicio que se lleva contra alguien que no vive ahí.
El desalojo del apartamento 13 no se realizó y fue el segundo que los vecinos de Zapata ganan contra la expulsión arbitraria. Pelean casa a casa y conviven con un edificio semivacío, con rejas en lugar de puertas, dónde antes estaban sus otros vecinos. La suspensión del desalojo vuelve a darles aire en una lucha larga, que vienen llevando con paciencia, despacito, como el caracol.

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