domingo, 29 de julio de 2018

BOLIVIA: EL MAYO DE JONATHAN, ESTUDIANTE ASESINADO POR LA POLICÍA EN EL ALTO

Gobierno boliviano responsable del asesinato de Jonathan Quispe Vila, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Pública de El Alto.
Por Patricia Chávez
Agencia SubVersiones
Los estudiantes se miraban entre ellos y decían «nunca nos había pasado esto, ni con Goni» [1]. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros -«a él le gustaba cantar el “Achuhuete”» [2] dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían «está cansada»«están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro»«claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto»«pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado»«murió como valiente»«gobierno asesino» dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto (UPEA) este es el Mayo de Jonathan Quispe Vila, estudiante de la Carrera de Comunicación Social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarada y cuyo arbitrario tratamiento ha generado indignación en la población boliviana.
Ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía, todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de élite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayoritariamente femenina [3], tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes, y aunque un gran porcentaje reside en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de origen.
Modus operandi del «gobierno de los movimientos sociales»
En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha quedado en evidencia algo del complejo modus operandi de la red de aparatos de inteligencia y represión del estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los «servidores públicos». El estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas, tratativas, burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. Cuando hay un muerto de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de «esclarecimiento» que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada.
Desde el año 2014 la UPEA protagonizó manifestaciones para exigir más presupuesto al gobierno del MAS. Cada año ocurría casi lo mismo, después de semanas de movilización y de producir un escenario de fuerzas que le fuera favorable, el gobierno cedía un apoyo económico que paliaba temporalmente el problema y luego el próximo año volvían las marchas, por eso la comunidad upeista siente que la tratan como a «un limosnero». Este 2018 es diferente, se quiere una solución definitiva y se retoma la bandera de la modificación de una ley -la 195-, para subsanar el problema de manera permanente. La muerte de Jonathan Quispe hace que los universitarios abran los ojos y adquieran una convicción: «si con un muerto no nos hacen caso ¿qué pasará luego?, no queremos más muertos, es ahora o nunca».
La convocatoria a mesas de negociación con el gobierno ha servido como otra maniobra de desgaste, que dilata tiempos y se enreda en tecnicismos pretendiendo agotar a los movilizados. Si alguien quiere saber qué tanto se ha descolonizado el estado boliviano con un indígena al mando, puede hacer el seguimiento del desarrollo de las mesas de negociación de la UPEA y saldrá impresionado por la mezcla de autoritarismo, paternalismo y desprecio con los que los operadores del gobierno tratan a su contraparte, basta con ver cómo fue expulsado el comité de negociaciones de la UPEA que se declaró en huelga de hambre en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, habiendo sufrido el corte de electricidad y la prohibición de que reciban asistencia médica o vituallas [4]. Simultáneamente el gobierno recurre a un ataque mediático dirigido a desacreditar a los sectores no oficialistas que lo interpelan con sus demandas: andanada de spots difamatorios, esbirros informáticos contratados para sembrar confusión en los movilizados [5] y programas de «opinión» en los medios de comunicación que oficial o solapadamente le son funcionales y muestran para lo que han sido hechos. También están los oscuros personajes de contrainteligencia que se dedican al matonaje y el amedrentamiento -amenazas telefónicas, acoso y golpizas- de quienes se destacan en las movilizaciones, así como dirigencias mercenarias que se declaran en estado de apronte y amenazan con enfrentar físicamente a los estudiantes rebeldes. El chantaje de inducir a guardar silencio para no ser afrentados por el soso maniqueísmo de ser incluidos en el eje del mal -llamado «la derecha»«la oposición»«el imperialismo»-, ha pretendido inútilmente callar a la UPEA pues ya se ha hecho de sentido común no creerle a un gobierno cuyas acciones represivas desmienten lo que demagógicamente declara.
La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras -«flojos»«borrachos»«chupeas»«violentos»«aprendan a vestirse»«mediocres»,«los de la UPEA abstenerse»«la peor universidad»«indios»«váyanse a El Alto»- porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. La llamada educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para guardar los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas -desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios- papel que sigue cumpliendo actualmente, por eso las dudas que el gobierno pretende sembrar en la población no tienen que ver con un debate serio sobre los fundamentos, medios y fines de la educación, sino con los supuestos selectivos que la rodean, a ver si los upeístas damos la talla para osar pedir más recursos y para considerarnos dignos de pertenecer a ese mundo donde cultura es sinónimo de superioridad racial.
El Problema
En la UPEA, el abordaje consciente y práctico de la lucha por resolver el problema económico presupuestario, con un estudiante cuya muerte continúa sin resolver, le ha dado capacidad para hacer planteamientos que interpelan a las demás universidades del sistema, porque tarde o temprano tendrán que pronunciarse y plantear una lucha para resolver sus propios problemas de déficit presupuestario. El problema de financiamiento de la UPEA tiene las siguientes características [6]:
1.  Este año 2018 existe un déficit presupuestario de 152 millones de bolivianos que si no es cubierto amenaza la normalidad del funcionamiento de la UPEA.
2. Cuatro son las fuentes de financiamiento con que cuentan las universidades: Tesoro General de la Nación (TGN), Coparticipación Tributaria (CT), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y recursos propios. La UPEA decidió optar por exigir la modificación de la CT, pues es un ingreso cuya distribución se calcula en función de la población de la ciudad o departamento donde está ubicada la universidad. Las asignaciones tienen que ser actualizadas de acuerdo a los datos poblacionales arrojados por el último Censo Nacional del año 2012. La UPEA recibe el 0,355% de la CT según la Ley Nº 195 del 9 de diciembre de 2011, y demanda que este porcentaje suba al 2% ocurridos no solo los cambios poblacionales la ciudad, sino previendo el crecimiento poblacional estudiantil. Sólo por densidad poblacional la UPEA tiene derecho a que se modifique en su beneficio la distribución de la CT, y eso debió pasar automáticamente inmediatamente después del Censo Nacional del 2012, pero no ocurrió así. Para no afectar los presupuestos de la demás universidades del sistema, la UPEA no plantea la redistribución del 5% de la CT, sino el aumento del 2% a este porcentaje. De esa manera la UPEA subsanaría su problema presupuestario de manera permanente y sin afectar a sus pares académicos. Además existen otra serie de detalles, como el hecho de que la UPEA tiene una de las inversiones más bajas por estudiante -Bs. 4.597-, lo que ha hecho que la UPEA se sienta tratada como una universidad de segunda clase.
3.  El gobierno se ha negado rotundamente a modificar la distribución de la CT y ofreció un monto de Bs. 70 millones a ser erogados por el TGN. Es evidente que el monto es insuficiente no solo para este año -no cubre ni la mitad de las necesidades del 2018-, sino para los años siguientes, pues la población estudiantil alteña no cesa en su crecimiento y la oferta estatal no implica otra cosa que la crónica de movilizaciones anunciadas para las futuras gestiones. La idea gubernamental de solventar el resto del déficit con los recursos provenientes del IDH viola sus propias normativas, según las cuales esos recursos no pueden usarse en salarios, sino en infraestructura y otras necesidades de la universidad. Conocido esto, las fuerzas universitarias estudiantiles son las más reacias a financiar con IDH lo que en realidad debería salir de la CT, y no les falta razón.
El problema de la UPEA además de ser técnico tiene una dimensión politizadora muy grande, es decir que tiene la capacidad de hacer que la colectividad visibilice y se apropie de un tema que hasta el momento solo ha sido tratado como el «asunto» de una universidad. Y ésta es precisamente la faceta del problema que se está eludiendo de manera permanente porque tiene implicaciones comprometedoras para quienes pretenden reducirlo todo a un tema económico. Devela el trato discriminatorio no solo hacia la UPEA, o hacia la ciudad de El Alto, sino en general hacia la educación pública. El problema de fondo es la concentración de recursos en el nivel estatal y la negativa a rendir cuentas o a redistribuir de manera más equitativa los ingresos fiscales -de los cuales en 2015 acaparó el 84%- [7]. El gobierno ha congelado el Pacto Fiscal [8]vigente y no quiere tratarlo. ¿Por qué se niega a cambiar esta forma de distribución de recursos? Para escabullir una respuesta los propagandistas estatales más recalcitrantes se apoyan en una especie de sentido común racista para aludir a la «transparencia» o a la «calidad» educativa de la UPEA, como si eso les hubiera importado alguna vez. Al contrario, estaban muy cómodos mientras su militancia acaparaba espacios de poder en la universidad y alimentaba la crisis actual. Se trata de una argucia incompetente, pues aunque la UPEA demostrase la más absoluta transparencia administrativa o la más absoluta calidad educativa, no podría cubrir con Bs. 70 millones el actual déficit presupuestario de Bs. 152 millones para garantizar la educación universitaria.
Todo, desde los salarios de administrativos y docentes hasta la capacidad de la universidad de producir conocimiento, ha sido cuestionado de manera hipócrita y discriminadora, incluso racista, para poner en duda que «merece» ser tratada igual que el resto de las universidades del sistema público, en cambio no se pone en duda de la legitimidad de clase y cultura de otras casas de estudio. De más está decir que ese es un criterio colonial aplicado a una universidad de profundas raíces populares, léase indias para el lenguaje socioracial actual. ¿Qué si se necesitan reformas y reordenamientos internos? Quién podría saberlo mejor que nosotros mismos. Quienes astutamente piden que se aclaren los gastos de la UPEA mediante auditorías, con ánimo de entrampar a los movilizados, ignoran que la demanda upeísta interna es de fondo, pues plantea no sólo auditorías, sino identificar actores y lógicas que dificultaron los mecanismos internos de gestión. Nos piden auditorías, precisamente ellos, que impidieron sin empacho la realización de auditorías transparentes en el caso del Fondo Indígena. ¿Podrán publicar el dato de cuánto dinero han empleado en difamar a la UPEA? Es necesario que después de la lucha por más presupuesto llegue un segundo momento de reforma interna no solo institucional sino político-académica, que no sería posible sin la conciencia y la reapropiación de la voz pública que la movilización no solo permitió, sino que incluso necesitó para mantenerse viva durante un mes de movilizaciones.
Otra faceta del conflicto upeísta que no puede dejar de mencionarse son algunas características particulares de la autonomía de la UPEA: el voto universal y la periodicidad de cátedra, a las que infundadamente se les pretende endosar la crisis actual. En realidad ante la constatación de la existencia de una cuasi gerontocracia académica en las demás universidades, los fundadores de la UPEA vieron por conveniente tratar de desconcentrar el poder estableciendo el voto universal otorgando el mismo valor al voto de un docente frente al de un estudiante, es decir, no existe el «voto ponderado» -según el cual el voto de un docente vale más que el de un estudiante-, ni las cátedras con titularidad. Estas prácticas son temidas y vistas como una amenaza por las élites de otras universidades, porque producen más posibilidades de autocrítica, de producción de igualdad política y de construcción de conocimiento comprometido. Lo que ésta movilización con sus idas y venidas nos ha permitido hacer es plantear nuestras críticas y autocríticas dentro de los marcos del espíritu original de nuestros fundadores y su ajayu democratizador. Nos consideramos una universidad indígena y popular, y no sería coherente perder esa identidad en nuestra búsqueda de una institucionalidad sólida.
¡La UPEA de pie, nunca de rodillas!
Sobrepasamos un mes de movilizaciones. En esta lucha, estudiantes y docentes de base nos sobreponemos diariamente al cansancio, a los intentos de infiltración, división y debilitamiento, a la lluvia de publicidad oficialista, a las gasificaciones policiacas. Es una lucha desigual. Es el Estado contra la UPEA. Sin diálogo, el gobierno convirtió en ley su propuesta de 70 millones de bolivianos, y asume que ha derrotado a la movilización. En este punto, el Estado devino siendo todo y el pueblo nada. Pero la indignación impide la resignación. No olvidamos a Jonathan Quispe. No olvidamos a nuestros piquetes de huelguistas de hambre. «Una ley impuesta no es ley», exclama uno de los estudiantes, y todos asienten. «Eso no es democracia, es dictadura» claman los movilizados. Concluya como concluya esta lucha, incluidos sus altibajos, hay una ganancia invaluable que es la conciencia de nuestra fuerza y nuestros orígenes y de la solidaridad con nosotros que nunca faltó. 
¡JUSTICIA PARA JONATHAN QUISPE!
¡La UPEA de pie, nunca de rodillas! 
NOTAS AL PIE:
[1] Gonies el nombre con el que se conocía popularmente a Gonzalo Sánchez de Lozada, el Presidente boliviano que salió del país en octubre de 2003 luego de una serie de sucesos sangrientos que produjeron una insurrección popular que lo obligó a dimitir del cargo.
[2] “Achuhuete”es un cántico popular de protesta generalmente entonado en las movilizaciones sociales en Bolivia cuando existe inconformidad contra las autoridades gubernamentales.
[3] Estadísticas de la Universidad Pública de El Alto. Universidad Pública de El Alto, 2016, p. 42.
[4] Ver «Desalojan a piquete de ayuno de Upea», Radio San Gabriel Digital 12/06/2018.
[5] La Ministra de Comunicación Gisela López se niega a dar datos sobre la situación de este personal gubernamental aumentando las dudas sobre la legalidad y la legitimidad de sus actividades. Ver «López se ampara en D.S. de Banzer para no dar información». Página 7. 16 de junio de 2018, La Paz
[6] Los datos son extraídos del documento «Demanda de Modificación de la Ley Nº 195». Comisión técnica y de socialización Carrera de Sociología-UPEA, 2018.
[7] Ver «Gobierno central concentra 84% de recursos del PGE»El Día, 26 -11- 2015.
[8] El Pacto Fiscal es un acuerdo de distribución de los recursos públicos entre Estado y Entidades territoriales autónomas de Bolivia. Ver la ley 031 o Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) «Andrés Ibáñez»en su Disposición Transitoria Décima Séptima.

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