martes, 21 de agosto de 2018

NICARAGUA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES PARA QUE GIEI INVESTIGUE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La represión estatal iniciada en abril ya deja un saldo de más de 300 personas asesinadas
Fuente: CEJIL:
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización regional no gubernamental sin fines de lucro que protege los derechos humanos en las Américas a través del uso estratégico de las herramientas provistas por el derecho internacional de derechos humanos. Nuestra visión es la de un hemisferio completamente democrático, en el que se respeten los derechos y la dignidad de cada individuo. CEJIL utiliza el litigio estratégico y aboga ante el Sistema Americano de Derechos Humanos para responder a varios de los problemas de derechos humanos más urgentes de la región. Para más información sobre nosotros: www.cejil.org.
17 de agosto de 2018.
San José, Costa Rica, 17 de agosto del 2018-. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) externamos nuestra profunda preocupación ante la actitud del Estado de Nicaragua que impide al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigar algunos de los hechos ocurridos en este país y apoyar a las autoridades en garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. 
Recordamos que la represión estatal iniciada en abril de este año, ya deja un saldo de más de 300 personas asesinadas, muchas de ellas en el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta social, centenares de personas detenidas arbitrariamente y víctimas de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como líderes y lideresas sociales criminalizados sin acceso al derecho de defensa. 
El grupo inició sus labores en el país el pasado 2 de julio, después de suscribirse un acuerdo con el Estado, para coadyuvar en la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.   
El día de ayer, el GIEI informó que, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades, no han logrado tener acceso a la información requerida. Por ejemplo, no cuentan con acceso a los expedientes de los procesos penales abiertos, los informes técnicos, los registros sobre personas asesinadas, entre otros. La única información que han logrado recopilar, ha sido a través de testimonios directos de víctimas, familiares y organizaciones de sociedad civil. 
Como organización que ha monitoreado la crisis de derechos humanos en el país, condenamos esta actuación del Estado, la cual devela su falta de voluntad para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico, la que implica garantizar que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se identifiquen, juzguen y sancionen a la totalidad de los responsables. 
Es indispensable que el grupo investigador cuente con la colaboración institucional para llevar a cabo su mandato y dar una respuesta a las víctimas que claman por justicia. 
Los obstáculos que Nicaragua está imponiendo, no solo al GIEI, sino también al Mecanismo de Seguimiento (MESENI), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), demuestran que las autoridades están determinadas a que haya impunidad y que las violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo.  
Exigimos al Estado nicaragüense que proceda a entregar la información disponible y que elimine cualquier barrera para que los órganos internacionales puedan cumplir efectivamente con su labor.
Por último, exhortamos a la comunidad internacional para que continúe apoyando el funcionamiento de estos mecanismos y requiera al Estado nicaragüense cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en este país.

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