miércoles, 17 de octubre de 2018

EL DERECHO A LA CIUDAD, DONDE QUEPAMOS TODOS, MENOS LA INTOLERANCIA


El derecho a la ciudad, 1968-2018:
El Retroceso
Babel.
Javier Hernández Alpízar,
Zapateando:
16 de octubre  de 2018.
Me parece que el estallido de rebeldía estudiantil y juvenil que se expresó en 1968 no solamente fue reprimido en ese año, con diversos grados de violencia, sino que pese a lograr un triunfo (contra)cultural en un plazo cercano, fue combatido por una contrarrevolución capitalista, patriarcal y neoliberal que aprovechó la crisis del capitalismo de los años 70, la caída del socialismo real en 1989 y logró el ascenso de un neoliberalismo económico, un neoconservadurismo político, un neomilitarismo ya unipolar y concertado desde Washington, y también una contrarrevolución cultural e ideológica que sepultó las tesis e ideas contestatarias que no pudo refuncionalizar y asimilar.
Así como Nancy Fraser habla de un cierto feminismo que se pasó al campo neoliberal, así ideologías políticas, artísticas, religiosas, contraculturales fueron comercializadas y banalizadas o simplemente marginalizadas y demonizadas. Como dice un amigo con filo en las palabras: en los mismos años que los marxistas tomaban las universidades, los neoliberales tomaban el Estado y el poder.
La contrainsurgencia militar en los países que lucharon por su liberación fue acompañada por una contrainsurgencia de las ideas que cavó el abismo de la marginalidad y el descrédito para las ideas antisistema y construyó pacientemente la hegemonía del neoliberalismo como ideología hegemónica y como pseudoconcreto “sentido común”. Hoy muchos imaginan al capitalismo como la gran ubre que nos alimenta y piensan el anticapitalismo como un suicidio: morder la teta que nos da de comer. El dinero es visto como sagrado, como fuerza vital y la carencia de él como amenaza de muerte o de algo peor: pobreza.
El capitalismo no solamente reconquistó y recolonizó el planeta, sino que profundizó su colonización a niveles antes insospechados: territorios, cuerpos, mentes, genes, Además construyó un nuevo tipo de humanidad individualista, narcisista, infantilizada, consumista, supersticiosa y fetichista cuya religión son las mercancías y el dinero.
Me quisiera centrar en un concepto hecho público precisamente en 1968 para mostrar un poco más de cerca este proceso de extirpar a la crítica su aguijón para incorporarla al mercado de las ideas funcionales.
En 1968 Henri Lefebvre publicó su libro El derecho a la ciudad. Si la ciudad es una obra de todos, socialmente producida, en ella todos deberíamos poder reconocernos, recrearnos y sentirnos como en nuestro hogar, Todos la producimos y seguimos produciéndola, por lo tanto tenemos derecho a ella, no es una cuestión de propiedad sino de derecho a decidir su futuro.
Como en las historias de espías de la guerra fría, el camarada Henri Lefebvre dejó un maletín con un peligroso contenido, dentro del maletín derecho a la ciudad hay la reivindicación de la propiedad social y la democracia, un socialismo dicho con otros nombres.
En los años recientes, las organizaciones, movimientos, algunos partidos incluso, que retomaron el concepto de “derecho a la ciudad” y lo llevaron a instancias como la ONU (tan apocalíptica es la crisis climática que ya hasta la ONU se preocupa por ella y la nombra) y a ser promulgado en cartas o declaraciones sobre el derecho a la ciudad de gobiernos como el brasileño o como el gobierno progre de Ebrard en el DF, hoy ciudad de México. Pareció un triunfo, pero al mismo tiempo el concepto se comenzó a fragmentar en una serie de políticas públicas aisladas que escamotean el contenido más subversivo: la democracia radical y participativa para decidir el futuro de la ciudad.
Gobiernos, Estados, partidos y movimientos ciudadanos progres, pero que no cuestionan ni el capitalismo ni el neoliberalismo, vaciaron el contenido del derecho a la ciudad y en lugar de un derecho democrático radical lo han convertido en concesión más o menos negociada por gobiernos que se muestran como mediadores entre los intereses del capital y una administración más o menos eficiente del conflicto social.
En el caso de la ciudad de México, la herencia de los gobiernos progresdel PRD e incluso de AMLO fue la administración de dos sexenios por policías: Ebrard y Mancera. Además, Slim y AMLO contrataron los servicios del ultraderechista (hoy trumpista) Rudolph Giuliani para diseñarles una política de Cero Tolerancia, la consecuencia: la represión contra jóvenes, especialmente anarquistas; la gentrificación y el apoyo al cártel inmobiliario; la criminalización de los disidentes y los contraculturales; los desalojos violentos de inmuebles: en Tepito, bajo pretexto de “combate a la delincuencia”; contra la okupa Chanti Ollín y ahora, en uno de los casos más recientes: el desalojo violento por golpeadores y granaderos de la comunidad otomí en Roma 18, en un predio que fue embajada española de la resistencia antifranquista.
Después de más de 20 años de estar pacíficamente en posesión del predio, y de ser damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, los otomís fueron desalojados ilegal y violentamente por un juicio promovido por la inmobiliaria Eduardo SA de CV contra un particular que no vive ahí, que no es ninguno de los otomís  un particular que actualmente está en la cárcel.
El desalojo fue precedido de la criminalización de los otomíes por vecinos racistas, pero también por el ex delegado y actual senador morenista Ricardo Monreal. El político, vecinos racistas y medios amarillistas han acusado a los otomís de delitos que no cometen (buen pretexto para despojarlos por “extinción de dominio”), los discriminan por ser indígenas, los acusan de “falsos” damnificados y hasta de “falsos” indígenas. Algún medio los acusó del “delito” de ser “Panchos Villas” (del Frente Popular Francisco Villa, que por cierto es una organización política no un grupo delictivo) aunque una manta en el campamento otomí dice claramente: “UPREZ- BJ” (Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Benito Juárez).
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, Marichuy, los visitó hace unas semanas, porque son indígenas organizados en el Congreso Nacional Indígena y tienen sus concejales en el Concejo Indígena de Gobierno (incluso compas de redes de apoyo al CIG, que de buena fe los apoyaron con difusión, los consideraron “red de apoyo” porque ignoraban que son del CNI y del CIG).
El racismo, la violencia represiva, el despojo, la gentrificación, la exclusión, la segregación, la negación de derechos elementales como el derecho a la vivienda, a la educación, al empleo, a la certeza jurídica, al patrimonio, así como la criminalización, la calumnia y la difamación contra la comunidad son además de una suma de agravios, una negación y violación de diversos derechos, específicamente derechos de las comunidades indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT. Y son una flagrante violación del derecho a la ciudad.
El racismo de gobernantes, empresarios, policías, grupos de choque, tuiteros, vecinos y medios comerciales es un ingrediente peligrosamente protofascista.  Algunos incluso se han metido a su campamento a tomar fotos y videos para subirlos a las redes con comentarios clasistas, racistas y fascistoides.
Los otomíes residentes en la ciudad de México, además de ser integrantes del CIG-CNI y de haber participado en el ejercicio de recoger firmas para Marichuy, han participado en las movilizaciones en solidaridad con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en las marchas de los damnificados, en la marcha en CU de los estudiantes contra el porrismo. Participan también en la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.
Dado que su presencia, trabajo y lucha, resistencia, solidaridad y rebeldía enriquecen nuestra ciudad, comenzando por la delegación Cuauhtémoc, donde residen desde hace décadas, la represión, el desprecio, el despojo contra los otomíes niega no solamente su derecho a la ciudad sino nuestro derecho a la ciudad.
Qué “conmemoración” del Movimiento Estudiantil de 1968 más negativa puede haber que la “cooptación”del 68 por un gobierno progre y bonapartista arriba mientras abajo los porros vuelven a golpear, herir y amedrentar a los estudiantes que se organizan. Además, incluso entre los estudiantes (y algunos medios progres como Aristegui Noticias) ha avanzado un neomacartismo contra los anarquistas y contra los estudiantes que “pertenezcan a organizaciones” y un clasismo contra los integrantes del Okupa Che.
Décadas después de la publicación de El derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre, es un concepto en disputa: arriba, en la ONU y los gobiernos progreses una lista de buenas intenciones firmada para ser letra muerta ante la (Mon)Real Politik neoliberal y gentrificadora de la ciudad mercancía; pero abajo, las resistencias luchan por hacerlo realidad, la defensa del territorio incluye la defensa de una ciudad plural, democrática, incluyente, diversa, no racista ni patriarcal, una ciudad donde quepamos todos, menos la intolerancia.

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