domingo, 7 de octubre de 2018

NICARAGUA: ANÁLISIS DE LA CRISIS ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA CLASISTA

Nicaragua y la izquierda de cuño estalinista
Jorge Franco
Fuente: Rebelión
Red Latina sin fronteras:
02de octubre de 2018,
Las protestas populares que en abril de este año estallaron de manera espontánea en diversas ciudades de Nicaragua, logrando prolongarse en términos cuasi insurreccionales por un periodo de tres meses, se saldaron con un trágico y elevado saldo de muertos y heridos. Más allá de Nicaragua, estos acontecimientos han puesto a prueba, una vez más –como ya ocurrió antes con las protestas que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX en los países del “socialismo real” de Europa del este–, la capacidad de las corrientes que se reivindican de izquierda para orientarse ante este tipo de situaciones. 
En efecto, la apreciación de lo ocurrido en Nicaragua ha ocasionado una división palpable y profunda en las filas de la izquierda latinoamericana. Bastaría para ilustrarlo confrontar, entre muchos otros, los pronunciamientos dados a conocer sobre el significado de estos acontecimientos por Manuel Cabieses, solidarizándose con el “heroico pueblo de Nicaragua” en su lucha contra la “dictadura corrupta y grotesca de Daniel Ortega y Rosario Murillo” y por Atilio Borón, dando su respaldo a Ortega, porque a pesar de sus ostensibles y gravísimos “errores” aun seguiría siendo el “timonel” de la revolución y, sobre todo, por temor a “lo que vendría después” en el caso de que éste fuese obligado a dejar el gobierno.
En verdad, más allá de lo acertado o erróneas que puedan ser las apreciaciones contingentes sobre lo sucedido, lo que se juega en estos contradictorios posicionamientos, frecuentemente cargados de pasión y descalificaciones, son definiciones muy de fondo, como clara expresión de la crisis de perspectivas en que se debate hoy una izquierda surcada por un abanico de concepciones radicalmente distintas sobre lo que en verdad implica ostentar ese posicionamiento en el mundo actual. Particular gravedad es la que revisten a este respecto algunas de las concepciones que existen sobre lo que implica ser un partidario, consistente en las ideas y consecuente en la práctica, del socialismo como proyecto de emancipación humana.
De allí la importancia de considerar estas tomas de posición a la luz de lo que realmente ha sucedido en Nicaragua a fin de poder apreciar si ellas han sido dictadas por consideraciones más bien superficiales, falsos dilemas o meros deseos más que atendiendo a los hechos y su claro e incuestionable significado. Ello permitirá apreciar a su vez el grado de consistencia que ellas guardan con los principios y valores que identificaron históricamente a las fuerzas de izquierda en sus orígenes y que nunca han debido ser desatendidos porque son los que le dan real sentido y legitimidad a sus luchas.
Es desde esa perspectiva que en este texto me propongo examinar brevemente primero lo ocurrido en Nicaragua a lo largo de los tres meses que siguen a las protestas iniciadas el 18 de abril a fin de poder aquilatar el significado de lo sucedido y las causas que han permitido que la situación política del país haya evolucionado hasta llegar a desencadenar esta crisis. Luego abordaré, en líneas gruesas, lo que considero son los problemas más de fondo a los que las fuerzas de izquierda se ven inevitablemente confrontadas por situaciones como ésta en el mundo de hoy.
El estallido de la crisis y su carácter
Como es sabido, la crisis se inicia con la promulgación el 18 de abril de la reforma al sistema de pensiones administrado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cuyo diseño fue decidido por el gobierno bajo la presión del FMI. Esta reforma contemplaba incrementar gradualmente el aporte de los empleadores del 19% actual hasta llegar a un 22.5% en 2020, elevar también el aporte de los trabajadores del 6.25% a un 7% a la vez que reducir en un 5% el monto de las pensiones. Si bien los empresarios se mostraron reticentes a aceptar esta reforma en los términos señalados por el gobierno, lo que obviamente generó el mayor rechazo en la población fue el recorte de las pensiones que afectaría principalmente a los sectores más vulnerables.
Las primeras manifestaciones de protesta se produjeron ese mismo 18 de abril y se extendieron por todo el país al día siguiente, siendo reprimidas no solo por la policía y sino atacadas duramente también por miembros de la organización juvenil del orteguismo. Como resultado de estos enfrentamientos se produjeron ya las primeras tres víctimas fatales y casi una cincuentena de heridos. Fue este hecho el que, caldeando intensamente los ánimos de la población, gatilló la masificación de las protestas y a la vez tornó más beligerantes sus formas de lucha en las barriadas populares y en el entorno de las universidades con el fin de hacer frente a la policía y a los grupos paramilitares que intentaban impedirlas.
En efecto, lo más grave, y que marcaría hacia adelante el rumbo de los acontecimientos, fue la exagerada reacción que desató en el orteguismo el temor a una rápida generalización de las protestas y que, paradojalmente, condujo precisamente al resultado que el régimen deseaba evitar. Esa sobrerreacción se plasmó ante todo en lo que el ex comandante histórico del sandinismo Humberto Ortega calificó posteriormente como “el actuar impune de ilegales civiles armados encapuchados parapoliciales que disparan a mansalva y ejercen controles solo permitidos por la ley a las autoridades policiales o militares”.
En el mismo sentido cabe consignar las apreciaciones vertidas al inicio de esta crisis por Jaime Wheelock, otro de los históricos ex comandantes sandinistas que, sin considerarse un opositor al gobierno de Ortega, le dirige una carta en cuyos cuatro primeros puntos señala:
“1. El decreto que reformó el INSS por su contenido y forma fue un grave error político, técnico y legal del gobierno.
2. Se afectaron los derechos económicos adquiridos y los ahorros de un millón de cabezas de familia, sin dar solución práctica a la grave situación financiera del INSS.
3. A causa de ello una importante mayoría de la población al frente de la cual están los estudiantes universitarios y hasta hijos de altos dirigentes del ejército, la policía y del FSLN, se han movilizado a expresar su legítima protesta.
4. La reacción de las autoridades ha sido desproporcionada con empleo de Armas de fuego por la Policía y grupos de choque que han causado decenas de muertos y centenares de heridos entre nuestra población”.
Como resultado de todo ello, el número de muertos y heridos efectivamente escaló con rapidez. Es por esto último que, a pesar de que el 22 de abril gobierno dejó sin efecto la reforma recién promulgada, las protestas continuaron, demandando esta vez la salida de Ortega. En muchos lugares la indignación llevó a los pobladores y estudiantes a levantar “tranques” (barricadas) y a defenderlos premunidos de piedras, hondas, bombas incendiarias y “morteros” artesanales. Si bien estos últimos elementos fueron exhibidos luego por la policía como prueba del carácter violento de estas acciones, hay que decir que se trata de un medio de autodefensa que ha sido utilizado desde hace décadas en las luchas sociales nicaragüenses.
En algunos lugares se produjeron también algunos saqueos a supermercados, se atacaron locales gubernamentales y del partido de gobierno, y también asaltos a algunas iglesias, estaciones de radio y residencias particulares. El número de muertos y heridos –en su mayor parte manifestantes antigubernamentales pero también algunos policías y partidarios del gobierno– continuó aumentando día a día hasta alcanzar cifras cada vez más espeluznantes. Ambas partes han reportado también, en el marco de estos disturbios, algunos episodios de extrema crueldad como la quema viva de algunas personas.
El gobierno intentó frenar las protestas con un llamado al diálogo con los sectores de oposición y con la mediación de la Iglesia católica. Se sucedieron luego manifestaciones masivas exigiendo la salida de Ortega y otras organizadas por el gobierno movilizando a sus partidarios. Finalmente, tras un periodo de tres meses de enorme turbulencia social y política, el extraordinario esfuerzo represivo desplegado por el gobierno logró desmontar los tranques y despejar las calles, apagando el último foco de esta forma de resistencia antigubernamental precisamente en el célebre bastión histórico del sandinismo: la barriada indígena de Monimbó en la ciudad de Masaya.
Ortega y quienes se han solidarizado con el accionar represivo de su gobierno se niegan tenazmente a reconocer el carácter legítimo, justo y popular de la protesta, empecinándose en señalar que lo que ha estado detrás de ella es una intentona “golpista” instigada por “la ultraderecha y el imperialismo”, apelando para ello a la acción de “hordas fascistas” y del lumpen con el objetivo de sembrar el caos y llevar a cabo acciones “terroristas”. Más aun, todo esto sería parte de la estrategia de “guerras de cuarta y quinta generación” impulsadas por el imperialismo para derribar a los gobiernos que, como el de Ortega, no aceptan doblegarse dócilmente a sus exigencias.
En el caso de Nicaragua los motivos principales de este intento de golpe reaccionario serían de carácter “geoestratégico” dado que la política internacional independiente del gobierno nicaragüense respecto de los Estados Unidos lo habría llevado a permitir el reciente incremento de la presencia rusa y china en ese país (instalación de una estación rusa de rastreo satelital y la construcción de un canal bioceánico por una empresa china). En consecuencia, para quienes esgrimen este relato de lo sucedido, no habría más que una alternativa posible: ¡o se respalda clara e incondicionalmente al gobierno de Ortega o se está del lado del imperialismo norteamericano!
Así de simple, clara y tajante sería la disyuntiva ante la que nos habría colocado la crisis política de Nicaragua, como lo enfatiza bien la resolución sobre el particular adoptada por el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido a mediados de julio en La Habana. Según afirma dicha resolución, el elevado número de muertes producidas no sería fruto de la represión sino de “enfrentamientos provocados por la derecha fascista” ya que habría “una cantidad similar” de bajas por ambos lados. Por lo tanto, quién en lugar de brindar un decidido respaldo al gobierno encabezado por la pareja Ortega-Murillo y sus esfuerzos por mantenerse en el poder, se solidariza en cambio con “los terroristas” de la “ultraderecha”, que salieron a las calles en todo el país para protestar contra el recorte de las pensiones y la macabra brutalidad de la represión desatada luego en su contra, no sería más que un despreciable lacayo del imperialismo.
Esta ha sido la cínica y maniquea posición adoptada principalmente por las corrientes que proceden del estalinismo junto a varias de las que se identifican a sí mismas como “progresistas”, unificadas ambas en la región en torno a proyectos de gobierno “neodesarrollistas”, desde los que han buscado constituir en la región una alternativa al “neoliberalismo”. No obstante, al observar atentamente lo sucedido en Nicaragua, la primera y más elemental constatación es que dicha toma de posición no se encuentra en sintonía con los hechos, que son presentados de una manera ostensiblemente distorsionada, sino que responde más bien al alineamiento político internacional asumido por dichas agrupaciones y corrientes en virtud de pragmáticos cálculos de interés y apoyo mutuo surgidos de y asociados a sus respectivas “razones de Estado”.
En primer lugar, siendo políticamente elemental juzgar, tanto a las personas como a los gobiernos, no por lo que dicen ni por los ropajes con que se visten sino por lo que efectivamente hacen, no es un secreto para nadie que, lejos de lo que cabría esperar de un genuino gobierno de izquierda, el de Ortega ha estado aplicando desde hace años en Nicaragua políticas económicas que sintonizan bastante bien con las demandas y expectativas del FMI y los intereses del gran capital. Solo que, como en el caso de otros gobiernos “progresistas”de la región, ellas han ido acompañadas con algunos programas sociales de carácter asistencial. No es de extrañar entonces que, como parte de sus planes de “ajuste”, el gobierno se atreviera a incluir en su reforma del sistema de pensiones nada menos que … ¡un recorte de las mismas!
Por lo tanto, más allá de la retórica izquierdista y hasta “revolucionaria”que utiliza y de los símbolos con que se cubre, el régimen encabezado por la pareja Ortega-Murillo, en virtud de las políticas económicas y planes de ajuste que efectivamente ha estado llevando a cabo, de común acuerdo con el gran empresariado y los organismos rectores del sistema capitalista mundial, no puede ser reconocido como de izquierda, es decir claramente comprometido con la defensa de los derechos, intereses y anhelos del pueblo trabajador. Se trata más bien de un gobierno que, si bien se presenta a sí mismo como de izquierda y mantiene cierto grado de independencia de Washington en materia de política exterior, de hecho lleva a cabo políticas de derecha.
En segundo lugar, es de toda evidencia que la derecha empresarial nicaragüense, que en la práctica ha venido cogobernando con Ortega, tampoco tenía interés político alguno en desahuciar sus acuerdos de fondo con el orteguismo ni la capacidad de desatar, en función de una mejor defensa de sus lucrativos negocios, una protesta social de la envergadura y beligerancia que hemos presenciado. Esto lo ha reconocido incluso Carlos Fonseca Terán, uno de los principales ideólogos del régimen, al sostener, en un artículo fechado el 16 de agosto, que los representantes de los sectores “golpistas”invitados a participar en el diálogo propiciado por el gobierno con la mediación de la Iglesia católica no estaban en condiciones de comprometerse a levantar los tranques porque
“aún en caso de haber estado de acuerdo o de haber tenido la voluntad de hacerlo como un aporte a la paz, no habrían podido, porque la gente que estaba en los tranques –como la inmensa mayoría de las personas que de alguna manera participaron en las acciones violentas o en las protestas en contra del gobierno– no les iban a hacer el más mínimo caso. Por el contrario, fueron y son abundantes las manifestaciones de rechazo a esta falsa cúpula por parte de la misma gente movilizada”
Con esto el orteguismo reconoce dos cosas: primero que, al revés de lo que insistentemente ha querido hacer creer, lo ocurrido efectivamente fue un levantamiento espontáneo de gran parte de la población, por mucho que luego se diga que esta masiva manifestación de protesta fue manipulada por las fuerzas de la derecha, que por cierto también existen y actúan en Nicaragua; y segundo, que en la mesa de diálogo convocada por el gobierno para buscar una salida políticamente consensuada a la crisis, y en la que sí estuvieron representados la derecha y los poderes fácticos empresariales, la que no estuvo representada en cambio fue la mayor parte de los reales protagonistas de la protesta. Los espectros de las “hordas fascistas”, que de manera calumniosa han sido invocados por el orteguismo para criminalizar la protesta y justificar su represión, se evaporan así como por encanto.
En tercer lugar, el imperialismo tampoco se había mostrado hasta ahora mayormente interesado en impulsar una campaña de hostigamiento y desgaste en contra del gobierno de Ortega y mucho menos para intentar derribarlo. Su poderoso aparato mundial de propaganda y desinformación mediática reaccionó incluso con bastante lentitud para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Por lejos, nada parecido a lo que los yanquis hicieron contra el gobierno de Salvador Allende o a su persistente campaña mediática contra el régimen de Maduro en Venezuela. Tanto es así que, aludiendo precisamente a este evidente contraste, Andrés Oppenheimer, un conocido propagandista del imperialismo norteamericano, se ha quejado y mostrado abiertamente sorprendido por la suave reacción de EEUU y la OEA ante estos acontecimientos
Otra cosa es que, tras el baño de sangre producido y el profundo y generalizado rechazo que actualmente impera en tan amplios sectores de la población en contra del gobierno, los círculos imperialistas observen con preocupación, lo mismo que los sectores empresariales autóctonos, igualmente interesados en estabilizar la situación política en ese país, lo que pudiese ocurrir si Ortega persiste en su negativa a ofrecer una salida política a la crisis que distienda la situación y procure, en alguna medida al menos, relegitimar al sistema político-institucional actualmente vigente en Nicaragua.
En efecto, desde la perspectiva de los intereses del gran capital, si un gobierno no se muestra capaz de controlar a la población, y garantizar con ello la gobernabilidad que demanda la buena marcha de sus negocios, es preferible cambiarlo a fin de apaciguar el descontento. Es por eso que el gobierno de EEUU, que en los años setenta propició en el Cono Sur de nuestro continente el establecimiento de dictaduras militares fuertemente represivas, luego, cuando éstas ya no pudieron controlar el rechazo que su existencia y sus políticas suscitaban en la población, tornándose la situación cada vez más explosiva y amenazante, alentó su reemplazo por gobiernos civiles que permitieran descomprimir la situación.
Por lo tanto, a nadie le puede caber la menor duda de que, ante cualquier manifestación de descontento popular que afecte a algún gobierno que no le sea totalmente obsecuente o cuya permanencia no sintonice, por algún motivo, con sus intereses, el imperialismo siempre va a hacer sus propios cálculos para tratar de sacar el mayor partido posible a este tipo de situaciones. Pero de ello no cabe concluir, en forma maniquea, que toda manifestación de protesta en contra de un gobierno que presuma ser “revolucionario”“popular” y/o “antiimperialista”, con independencia de lo que él mismo haya hecho para provocarla, solo pueda interpretarse como un producto directo de la injerencia imperialista. Después de todo ¡el pueblo también suele tener una capacidad propia de indignarse y reaccionar ante claras situaciones de injusticia y matonaje!
Por otra parte, el incondicional y activo rechazo de los revolucionarios ante cualquier agresión imperialista o intentona golpista dirigida en contra de un pueblo y sus conquistas tampoco tendría que conllevar, necesariamente, un respaldo político a quienes lo gobiernan. Así por ejemplo, el tajante repudio de la izquierda mundial a la agresión llevada a cabo por el imperialismo en contra de Irak o de Argentina no implicó solidarizarse en lo más mínimo con regímenes antipopulares como los de Sadam Hussein o Leopoldo Galtieri. Del mismo modo, cuando a fines de agosto de 1917 los bolcheviques llamaron a combatir el intento de golpe de Estado del General Kornilov lo hicieron sin brindar ningún apoyo político al gobierno de Kerensky.
En todo caso es claro que la explicación de un acontecimiento social de la envergadura alcanzada por las protestas contra el gobierno en Nicaragua, que además se desata tan abruptamente, “como un rayo caído desde un cielo sereno”, no puede hallarse en las fantasmagóricas especulaciones sobre un intento de “golpe de Estado”, planeado y ejecutado por la “ultraderechael imperialismo”, invocadas por el orteguismo. Ello solo puede obedecer a la existencia de un profundo y hasta ahora silencioso rechazo del pueblo trabajador a las políticas que desde el gobierno se han estado imponiendo sobre él. De lo contrario, cualquier llamado a protestar o cualquier acción dirigida a provocar un enfrentamiento violento con la policía, sea de “la ultraderecha y el imperialismo” o de cualquier otro sector político, hubiese caído obviamente en el vacío.
Para calificar las protestas como un intento de golpe de Estado, largamente fraguado por los agentes del imperialismo, como se ha empecinado en hacerlo el orteguismo, es necesario distorsionar completamente el significado de esta expresión. En efecto, como todo el mundo sabe, y aun cuando en ambos casos lo que se intente sea deponer al gobierno, existe una clara y fundamental diferencia entre un golpe de Estado propiamente tal y un levantamiento popular que por su intensidad logra adquirir ribetes de carácter insurreccional, como fue el ocurrido ahora en Nicaragua: que el primero lo protagoniza el propio aparato militar del Estado, o al menos una parte de éste, mientras que el segundo es expresión política de una radical y masiva movilización popular.
Se trata, por tanto, de situaciones completamente distintas, aun cuando suele haber también, desde luego, una relación entre ambas. Un golpe de Estado puede producirse a partir de una situación de aguda crisis política y conmoción social generalizada, como ocurrió en el Chile de 1973, al tiempo que un movimiento insurreccional normalmente triunfa cuando es capaz de quebrantar la cohesión del aparato militar y ganar para su causa al menos a una parte de él, como ocurrió en Rusia en 1917 o en Irán en 1979. Obviamente, puede haber además un sinnúmero de variantes asociadas a uno u otro tipo de acontecimiento. Pero lo claro es que no corresponde calificar como un intento de golpe lo ocurrido en Nicaragua, aun cuando la aspiración y el objetivo de sus protagonistas fuese poner término al gobierno de la pareja Ortega-Murillo.
En consecuencia, resulta inevitable concluir que la masividad de la protesta ocurrida en Nicaragua solo ha hecho emerger a la superficie el iceberg del descontento de muy amplios sectores de una población cansada ya de soportar la prolongada deriva políticamente autoritaria, económicamente neoliberal y culturalmente retrógrada del régimen. Lo que hemos podido observar ha sido en realidad una explosión espontánea de descontento popular, cuyas manifestaciones iniciales, al ser brutalmente reprimidas por el gobierno y sus partidarios con métodos que sobrepasan ampliamente los de una institucionalidad democrática, despertaron la indignación que las generalizó rápidamente. Se comprueba así, una vez más, que “una chispa puede incendiar la pradera” cuando ésta se encuentra ya suficientemente seca.
Antecedentes y trasfondo de lo ocurrido
Cabe preguntarse entonces por el trasfondo de ese descontento social que terminó por estallar abruptamente el 18 de abril. En realidad, la deriva antipopular del régimen orteguista no es algo reciente sino la expresión del largo y progresivo proceso de descomposición política y moral experimentado por el sandinismo bajo el liderazgo reformista, crecientemente personalista y corrupto, de Ortega y sus partidarios más cercanos. Algo que quizás el épico recuerdo del magnífico alzamiento popular que en 1979 derrocó a Somoza y alimentó sueños de justicia largamente postergados del pueblo nicaragüense le ha impedido a muchos apreciar con la debida claridad.
Los primeros síntomas de esto se hicieron ya presentes incluso bajo el gobierno del FSLN de los años ochenta, contribuyendo decisivamente a su ulterior derrota electoral de 1990. No está demás recordar que, advirtiendo claramente el carácter servil de las burguesías latinoamericanas frente al imperialismo y la falta de perspectivas de toda política de colaboración de clases con ellas, el Che había señalado que la disyuntiva que se planteaba en nuestro continente era la de “revolución socialista o caricatura de revolución”. Actuando, en cambio, bajo el supuesto de que la revolución que habían encabezado solo podía tener un carácter “democrático”, luego de conquistar el poder los sandinistas se limitaron a expropiar los bienes de la familia Somoza y de sus colaboradores más cercanos, mostrándose reticentes a avanzar en una perspectiva claramente anticapitalista y permitiendo, por el contrario, el fortalecimiento de otros sectores de la burguesía Nicaragüense.
Es decir, la revolución sandinista, a pesar de la radicalidad de los métodos en que debió apoyarse para triunfar y de la agresión armada que debió enfrentar luego de parte de los sectores más conservadores, armados y entrenados por el imperialismo yanqui, no se planteó como objetivo una transformación radical de la economía en un sentido socialista sino solo la realización de un proyecto “progresista”de modernización en el marco del capitalismo. Por lo tanto, si bien se fortaleció el rol del Estado en la economía, imprimiéndole a ésta un sello de mayor justicia social, ello se hizo sin amagar sustantivamente el de la gran empresa capitalista, aunque esta vez desde una posición de mayor independencia y defensa de los intereses nacionales.
Este marco de acción programático fue asumido y justificado por la dirección del FSLN, que se identificó abiertamente con una orientación de carácter socialdemócrata, hasta el punto de solicitar formalmente su afiliación a la llamada “Internacional Socialista”, de la que hasta hoy continúa siendo uno de sus miembros de derecho pleno. Es en este contexto que, junto a la consolidación de un estilo de liderazgo autoritario, fueron apareciendo los primeros síntomas preocupantes de lo que posteriormente llegaría a ser una corrupción desembozada, cuyo episodio más escandaloso fue el reparto de propiedades y bienes públicos entre algunos dirigentes del FSLN que tuvo lugar inmediatamente después de su derrota electoral de 1990: lo que los medios nicaragüenses se apresuraron a bautizar con sarcasmo como “la Piñata”.
Resulta ilustrativo citar aquí sobre esto algunas de las reflexiones realizadas por Augusto Zamora, que vivió este proceso desde las filas del propio sandinismo:
“Lo criticable es que haya sido necesaria la derrota electoral para que la dirigencia sandinista se viera obligada a legalizar, de forma precipitada y desordenada, la democratización de la propiedad en Nicaragua, que fue uno de los mayores logros de la revolución. Esa circunstancia fue lo que posibilitó que una minoría dentro del FSLN abusara y se enriqueciera ilícitamente, arrastrando con ella la reputación duramente ganada por la masa sandinista. Aplicando el refrán de ‘a río revuelto, ganancias de pescadores’, esa minoría hizo su agosto entre marzo y abril, en lo que constituyó la derrota moral del sandinismo, más grave en muchos sentidos que la derrota electoral”
Y aludiendo luego a las razones esgrimidas para justificar este proceder, Zamora agrega: “Recurrir a los años de clandestinidad para justificar un enriquecimiento ilícito no es el mejor camino, ni el más inteligente. Ese silogismo haría que guerrillero se hiciera sinónimo de pirata o bucanero. A fin de cuentas, también ellos arriesgaban sus vidas, morían y pasaban mil privaciones esperando dar el golpe que les sacaría de pobres. Puestos a escoger entre ambas situaciones, me quedaría con el pirata, pues éste no engañaba a nadie diciéndole que luchaba por un mundo mejor y más justo, sino sólo para enriquecerse. Si todos caemos en la tentación del dinero fácil no nos distinguiremos unos de otros”.
Ortega, que tuvo incluso la osadía de justificar “la Piñata”, es decir la desvergonzada apropiación de bienes públicos por una parte de la cúpula del FSLN, como una iniciativa necesaria para disponer de los medios materiales que posibilitaran la sobrevivencia política del sandinismo, intentó bajarle el perfil a las críticas en los siguientes términos:
“En el fondo, muchas de las quejas que hemos encontrado a causa de la piñata son una reacción muy humana… ¿Por qué a él sí y a mí no? Más se presentan entre los sandinistas las quejas como un problema de falta de justicia que como un problema de falta de ética. A última hora el razonamiento que más abunda es: ¿por qué no nos dieron a todos?”
En 1992, Eduardo Galeano, el reconocido y admirado autor de Las venas abiertas de América latina, se limitó a comentar con tristeza:
“Nicaragua… que viene de una década de asombrosa grandeza, ¿podrá olvidar lo que aprendió en materia de dignidad y justicia y democracia? ¿Termina el sandinismo en algunos dirigentes que no han sabido estar a la altura de su propia gesta, y se han quedado con autos y casas y otros bienes públicos? Seguramente el sandinismo es bastante más que esos sandinistas que habían sido capaces de perder la vida en la guerra y en la paz no han sido capaces de perder las cosas”.
Sin embargo, el progresivo derrumbe político y moral de la fuerza política liderada por Ortega, que conduciría también a sucesivas rupturas del FSLN, no terminó allí. En el terreno de las definiciones políticas lo primero en esta vía fue la interpretación que la mayoría de la cúpula sandinista hizo de las causas de su derrota electoral de 1990. Al igual que lo ocurrido con la mayor parte de la vieja izquierda chilena tras el golpe de 1973, la idea predominante fue que bajo su gobierno se había pecado de un excesivo radicalismo, permitiendo que las cosas fuesen demasiado lejos. En consecuencia, se hacía necesario moderar aun más los objetivos. A esto contribuyó también el hecho de que en ese mismo periodo se asistía al dramático cambio de la situación mundial provocado por el derrumbe de los “socialismos reales”. Lo cierto es que desde entonces la mayor parte del viejo liderazgo sandinista se ha ido desplazando cada vez más hacia el “centro”.
Un hito en esta trayectoria lo constituyó el acuerdo de distribución institucional del poder, regularización de los temas patrimoniales pendientes –lo que algunos calificaron como “segunda piñata”– y mutua impunidad alcanzado en 1998 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, el archicorrupto líder del Partido Liberal que ocupó la presidencia de Nicaragua entre 1997 y 2002. Con este acuerdo, negociado a puertas cerradas entre ambos, se daba término según ellos al proceso de transición iniciado en 1990. La justificación política de este paso esgrimida por Ortega fue entonces una argumentación usualmente utilizada por los defensores del statu quoy que configura de hecho una solapada extorsión sobre los sectores populares: la necesidad de asegurar la convivencia pacífica, duramente alcanzada en el país tras largos años de sangrientos y dolorosos conflictos, consolidando la estabilidad del sistema político-institucional. Solo ello permitiría alejar la posibilidad de un nuevo estallido de violencia.
En virtud de dicho pacto se procedió a modificar en la Constitución las normas para acceder al gobierno y al parlamento –estableciendo de hecho una suerte de duopolio como el que impera en la mayoría de las “democracias” capitalistas–, a distribuir entre los partidarios de ambos sectores los cargos más importantes de las principales instituciones del Estado y a dar definitiva seguridad a la situación patrimonial de los dirigentes y partidarios del orteguismo. Además, dicho compromiso permitió también que tanto Ortega como Alemán pudieran brindarse mutua protección frente a los cargos que ambos debieron enfrentar posteriormente ante las instancias judiciales, de abusos y violación formulados por su hijastra en el caso de Ortega y de corrupción en el caso de Alemán.
Lo característico de los sistemas políticos duopólicos, que existen en la mayoría de las “democracias” capitalistas, es que permiten que el sistema opere con gran estabilidad al configurar una suerte de régimen de “partido único” con dos cabezas. Una, más conservadora, encargada de hacer una apología clara, directa y permanente de las supuestas bondades de una “economía de mercado” sin interferencia estatal, y la otra, de apariencia más “progresista”, encargada de hacerse eco y canalizar las aspiraciones de los sectores “subalternos”, estableciendo en defensa del “interés público” algunos límites y regulaciones al accionar del gran empresariado. Esta configuración del sistema político-institucional, en connivencia con los poderes fácticos empresariales, ejerce también, por diversas vías, un control casi absoluto de los medios de comunicación masivos, alineados en defensa del “sistema democrático” tal como estos sectores lo escenifican, descalificando y excluyendo del debate público a las corrientes políticas “díscolas”.
El acuerdo Ortega-Alemán se orientó también en este sentido, bloqueando la posibilidad de que las corrientes críticas del sandinismo, contrarias a Ortega, pudiesen acceder al escenario político establecido. Luego, para las elecciones de 2006, en que resultará finalmente vencedor, Ortega no tendrá el menor empacho en concurrir a ellas aliado con el banquero liberal y ex dirigente de la Contra Jaime Morales Carazo, que se convertirá entonces en Vicepresidente de Nicaragua. Cabe agregar que antes de esta elección, Ortega había sellado también su reconciliación con el Cardenal ultraconservador Miguel Ovando y Bravo, declarándose un ferviente católico y allanándose a impulsar la revocación del aborto terapéutico que había estado vigente en Nicaragua desde hacía 170 años. A propósito de esta retrógrada medida, que hace hoy de Nicaragua uno de los únicos tres países en el mundo en que el aborto se halla prohibido a todo evento, Galeano declaró en una entrevista:
“En el año 1836, Nicaragua fue uno de los primeros países que legalizó el aborto en los casos en que corriera peligro la vida de la mujer. En ese momento gobernaba en Nicaragua el partido conservador, un partido de derecha y que promulgó la ley. Pasó un siglo y medio más o menos y un gobierno de izquierda, sandinista, anuló la ley… bajo esos parámetros, que me aclaren qué es izquierda y qué es derecha, porque si izquierdista es el gobierno que ilegalizó el aborto que había legalizado un gobierno de derecha entonces estamos todos locos. Habría que recuperar el sentido de las palabras”.
Una clara expresión de la cada vez más pronunciada contrición ideológica y política efectuada por los antiguos líderes del sandinismo, buscando exculparse de sus supuestos pecados “izquierdistas” del pasado, fue la tesis del “centrismo” formulada y defendida como orientación política por el ex teórico del “tercerismo” Humberto Ortega. Se trata de un planteo que exalta, como modelo de sociedad capaz de equilibrar la justicia social con la libertad individual, al llamado “socialismo nórdico” y que propicia como línea de acción política la búsqueda de una amplia convergencia entre las fuerzas de izquierda y derecha
“como un medio civilizado que produzca el programa de Nación que profundice el sistema democrático en diálogo transparente y permanente para consensos y acuerdos políticos que se instrumenten institucionalmente… El centrismo que aliente al capital y a las fuerzas sociales a producir en armonía las riquezas para vencer la miseria y pobreza que agobia a la Nación”.
En esta misma búsqueda de la armonía social bajo el capitalismo se sitúan las apreciaciones formuladas, inmediatamente después del triunfo electoral de Ortega en el año 2006, por Tomás Borge, quien fuera junto con Carlos Fonseca Amador uno de los fundadores del FSLN. En una entrevista concedida entonces al diario Clarín de Buenos Aires, Borges sostuvo que, a diferencia de las posiciones que defendió el FSLN en los años ochenta, “ahora somos una izquierda realista, lúcida, fieles a los intereses de los pobres”. E interrogado luego sobre lo que para él significa ser de izquierda respondió: “trabajar por los pobres, pero sin pelearnos con los ricos, porque eso es posible”. 
Se podría abundar extensamente en señalar los hechos y dichos que marcan de manera clara e inequívoca el carácter del régimen orteguista, cuyo accionar en el plano político interno, más allá de la engañosa retórica y simbología que utiliza, no tiene nada que permita caracterizarlo como genuinamente de izquierda. Al menos si por ello entendemos una política que se encuentre en clara sintonía con los intereses y demandas populares más sentidas. Los hechos son suficientemente claros a este respecto, salvo que, como dice Galeano, nos hayamos vuelto todos locos y cerremos torpe y empecinadamente los ojos ante todo lo que efectivamente ha ocurrido.
Sólo la relativa independencia que el gobierno de Ortega ha mantenido en el plano de su política exterior con respecto a la potencia hegemónica del sistema, como expresión de una posición estrechamente nacionalista –similar en su inspiración a la que en su momento fue característica de los gobiernos populistas que existieron en la región–, es lo que parece haber dado pie para que algunos continúen viendo en él a un régimen “izquierdista” “antiimperialista”, acosado por una siniestra conjura urdida desde Washington. Y esto a pesar de su innegable y permanente disposición en materia de política económica, fiscal, financiera y comercial a atenerse a las directrices que trazan los organismos rectores del sistema capitalista mundial: el FMI, el BM y la OMC.
El contumaz desvarío de una parte de la izquierda
Sin embargo, el torpe respaldo brindado por una parte de las fuerzas que se reclaman de izquierda en el mundo a la criminal represión desatada por el régimen de Ortega tiene raíces mucho más profundas. Configura ante todo una clara reedición de las viejas prácticas estalinianas que se encuentran a la base de la crisis política y moral en que actualmente se debaten estas mismas corrientes. Se trata de una toma de posición que, como hemos visto, no encuentra justificación en los hechos y que tampoco guarda correspondencia con la identidad programática, estratégica y ética que cabe esperar, al menos, de quienes se siguen declarando dispuestos a transformar el mundo para liberarlo de sus cadenas.
Nada puede estar más alejado de este propósito que el hacerse eco de las calumniosas acusaciones que el orteguismo ha lanzado en contra de los luchadores populares. La total falta de escrúpulos de este tipo de campañas se evidencia claramente en algunos de los juicios formulados en el artículo ya mencionado de Fonseca Terán cuando éste, al intentar justificar la acusación de “golpismo” en contra de quienes protagonizaron las protestas contra el gobierno, se empeña en dar vuelta la afirmación de que en la represión han sido utilizadas fuerzas paramilitares. Al no poder negar la actuación de estas últimas, alega que sólo lo han hecho en calidad de “fuerza auxiliar de la Policía Nacional”, y sobre la marcha sostiene que, en cambio,
“las fuerzas militares organizadas por la derecha en este intento de derrocamiento de nuestro gobierno sí pueden ser consideradas como paramilitares, ya que… estuvieron dirigidas por ex militares sandinistas, traidores a la causa revolucionaria al igual que muchos ex dirigentes políticos del sandinismo en los años ochenta y que como ellos, forman parte de esa especie de cofradía ideológica que comenzó como reformismo socialdemócrata y terminó como ultraderecha, llamada Movimiento Renovador Sandinista… razón por la cual también es legítimo llamar golpe de Estado a este intento de derrocamiento del gobierno sandinista, ya que por golpe de Estado se entiende el derrocamiento de un gobierno usando para ello una parte de las fuerzas institucionales del mismo Estado” (sic)
Como se ve, en el empecinado intento por distorsionar el significado de lo ocurrido, se apela a un alegato desprovisto de toda lógica y sentido de la realidad. Considerar a los jóvenes autoconvocados para protestar contra el infame recorte a las pensiones anunciada por el gobierno y la brutal represión que éste descargó luego en su contra como “fuerzas militares”, calificar al Movimiento Renovador Sandinista, que según se afirma dirigía la protesta, como de “ultraderecha” y por último pretender que la actuación de aquellas curiosas “fuerzas militares”, paupérrimamente pertrechadas, debería ser calificada como un intento de “golpe de estado”, por ser ellas “parte de las fuerzas institucionales del mismo Estado”, es algo simplemente delirante.
Por lo tanto, si a pesar de todo lo inconsistente y burdo que pueda ser dicho alegato aun hay sectores que considerándose de “izquierda” se muestran dispuestos a hacer suyas estas acusaciones y se suman con entusiasmo a este tipo de campañas de difamación es porque, más allá de una mera discrepancia episódica, algo mucho más profundo que la mera ignorancia de los hechos continúa corroyendo y desquiciando el comportamiento político de estas corrientes. ¿Cómo es que finalmente hemos podido arribar a una situación como ésta? Para aclararlo resulta imprescindible acudir, aunque sea de manera esquemática, a la historia de lo que hasta ahora ha sido efectivamente la “izquierda”, ya que habiendo sido éste término tan manoseado por muchos que sin merecerlo se han cubierto con sus ropajes, y aun con algunos de sus símbolos más característicos, ha llegado a perder casi todo significado preciso.
Es por ello que, solo considerando el origen y evolución de este concepto, así como de las diferenciadas realidades políticas que subyacen a él, resulta posible trazar un cuadro aproximado de sus actuales significados. Como se sabe, la ya clásica dicotomía izquierda-derecha se incorporó al lenguaje político a partir de la posición que ocuparon en la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la revolución francesa las distintas fuerzas políticas que se confrontaron en su seno: a la derecha las conservadoras que buscaban preservar el poder de la monarquía y la aristocracia, y a la izquierda las que abogaban por una transformación social que liquidara los privilegios y diera reconocimiento universal a ciertos derechos sociales y políticos básicos que hasta entonces habían sido tenazmente negados en nombre de la “voluntad de Dios”.
A partir de entonces, ser de izquierda ha significado siempre estar comprometido en una lucha por la justicia social, plasmada en un reconocimiento de la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, lo que a su vez supuso, de manera cada vez más clara, la necesidad de terminar con toda forma de explotación, opresión y discriminación. Es por ello que a poco andar, a medida que tras su revolución la burguesía pactaba con la aristocracia para rechazar las demandas igualitarias del pueblo trabajador, esta bandera pasó a manos de las expresiones políticas de clase obrera, explotada por el capitalismo, y de quienes buscaban representar los intereses de las amplias masas populares en las naciones sojuzgadas por el imperialismo, identificándose así con el socialismo como proyecto histórico emancipador.
En consecuencia, supuso asumir una orientación política dirigida a bregar por la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad sin explotación, efectivamente democrática, en que imperasen plenamente la libertad, la justicia y la solidaridad. Y luego, con la expansión mundial del capitalismo que acrecienta su dominio colonial y semicolonial sobre los pueblos y naciones de Asia, África y América latina, la lucha por la emancipación de los trabajadores se va a entrelazar también, de manera indisoluble, con la bandera del antiimperialismo. Se trata de luchar por la emancipación definitiva de los seres humanos, permitiéndoles alcanzar así una convivencia pacífica entre todos. Por lo tanto, los principios y valores de la izquierda fueron en sus orígenes suficientemente claros y transparentes.
Fue solo con la ulterior influencia y preponderancia alcanzada por las corrientes reformistas en el seno del movimiento obrero, que en los países imperialistas se limitaron a operar como el ala “izquierda”“progresista”del espectro político burgués, que esta identidad comenzó a desdibujarse y a tornarse política y moralmente equívoca. Esa degeneración la experimentaron primero los partidos socialdemócratas, que comenzaron a operar como celosos guardianes del capitalismo precisamente cuando éste, sacudido por la mayor crisis de toda su historia, se veía enfrentado en el centro de Europa, y muy especialmente en Alemania donde existía un bien organizado y poderoso movimiento obrero de arraigadas tradiciones socialistas, a la inminente amenaza de una revolución proletaria.
Las insolubles contradicciones del capitalismo habían hecho estallar entonces la primera guerra mundial entre las principales potencias imperialistas, con una destructividad y una carnicería humana nunca antes vista, agudizando al máximo las tensiones sociales en el seno de los países que se vieron arrastrados a este conflicto. Y como una reacción ante la barbarie capitalista en curso y la degeneración reformista de la socialdemocracia, se va a comenzar a reconstituir en medio de esa guerra, enarbolando esta vez el nombre de comunista, una corriente revolucionaria que seguirá sosteniendo la perspectiva del socialismo como única alternativa real frente al horror desatado por la crisis estructural del capitalismo.
A partir de entonces ya no será posible hablar de una sola izquierda, puesto que ese lugar en el escenario político, y muy especialmente en el seno de las organizaciones obreras, se constituirá en un enconado campo de disputa entre ambas corrientes: la de una izquierda reformista, conformada principalmente por la burocracia sindical y política de la socialdemocracia, y una izquierda revolucionaria, formada principalmente por el recién constituido movimiento comunista internacional.
No obstante, la única revolución anticapitalista victoriosa que logró emerger de esta crisis, la Gran Revolución Socialista de Octubre en Rusia, hecha posible por la existencia y el accionar de la izquierda revolucionaria, se encontró rápidamente enfrentada a una situación de aislamiento internacional debido al ulterior fracaso de la revolución en Europa occidental. Esto último obedeció, ante todo, al nefasto y criminal rol de desorientación, contención y represión que logró desempeñar, sobre todo en el contexto de la profunda conmoción política que sacudió a Alemania al término de la guerra, la ya desquiciada burocracia sindical y política socialdemócrata.
Las fuerzas que impulsaban el proyecto comunista original, de emancipación de los trabajadores, se encontraron así, a la cabeza de un inmenso pero atrasado y devastado país, ante adversidades de una magnitud previamente no imaginada. Fue en ese difícil contexto que pudo abrirse paso y finalmente imponerse, invocando aun el nombre y enarbolando los símbolos del comunismo, una mutación profundamente regresiva en este movimiento, que terminó desvirtuando completamente el significado de su lucha. En lugar del socialismo, es decir del autogobierno de los trabajadores, lo que emergió y se consolidó entonces en la Unión Soviética, por un prolongado espacio de tiempo, fue solo un proyecto nacional de desarrollo económico por una vía no capitalista, basado en un sistema político férrea y herméticamente centralizado.
La reivindicación del interés nacional frente a la amenaza o al dominio imperialista, premunido de una retórica sedicentemente “comunista”, terminó por eclipsar en el discurso y hacer desaparecer en la práctica el proyecto original de emancipación del trabajo. El sujeto social protagónico del “socialismo real” y de la “revolución democrática” pasó a ser ahora, en el caso del primero, una capa social de expertos y funcionarios, materialmente privilegiados, y en el caso de la segunda los intelectuales que se hallaban a la cabeza de los partidos comunistas o de los movimientos de “liberación nacional”. En la URSS, en base a un sistema de partido único y “monolítico”, esa burocracia pasó a comandar de manera discrecional la marcha de la economía, cohesionada en la sumisión y culto a un líder supuestamente infalible, criminalmente represivo y sin el menor respeto por la verdad histórica.
Así, se abrió cimentó la perspectiva de un nuevo “despotismo ilustrado” que, presumiendo gobernar en nombre del pueblo y velar por el interés de la nación, exigía el sometimiento de todos. Pero para poder desentenderse del proyecto de emancipación social y política que había animado a la revolución de octubre, esta contrarrevolución burocrática se vio en la necesidad de eliminar físicamente a casi toda la vieja guardia bolchevique que continuaba sosteniendo el “punto de vista del proletariado” en la lucha de clases. Por desgracia, la mayor parte del entonces joven e inexperto movimiento comunista internacional, tampoco fue capaz de reaccionar. Al depositar de manera acrítica una confianza ciega en el liderazgo del PCUS, se vio también obligado a hacer suya esta nueva y aberrante manera de entender el “socialismo”.
Por lo tanto, aunque con una connotación distinta a lo ocurrido antes con la socialdemocracia, esta izquierda comenzó también, en su mayor parte, a degenerar al mostrarse incapaz de alzar su voz para condenar tanto la progresiva eliminación de las conquistas políticas y culturales alcanzadas en los primeros años de la revolución de octubre como la masiva y sistemática represión desatada sobre los que habían sido sus más destacados protagonistas, impúdicamente sindicados como “agentes del imperialismo” “enemigos del pueblo”, aceptando que la historia de la revolución fuese groseramente falsificada hasta en los registros fotográficos. En esta profunda degradación política y moral que experimentó el movimiento comunista internacional, apartándolo del noble ideario que lo alentó en sus orígenes, se halla en gran parte la explicación de su ulterior colapso.
Todo el espíritu crítico, desplegado hasta entonces con intensa pasión por los revolucionarios de todo el mundo, fue implacablemente purgado de sus filas. Se diluyó el carácter de clase del proyecto político y se lo sustituyó por el interés de la “nación”, discrecionalmente definido por el líder supremo en el “socialismo real” o asociado a una orientación puramente reformista en los países capitalistas. Y en ambos casos se comenzó a ensalzar, como una muestra de fidelidad a la causa, la exigencia de que los militantes se limitaran a ser ejecutores silenciosos y obedientes de las órdenes emanadas y “bajadas” desde las cumbres partidarias. Los Congresos de tales partidos se convirtieron así en asambleas amañadas, llamadas solo a aprobar, a mano alzada y de manera unánime, las directrices ya decididas por la dirección.
¡Qué contraste con la independencia de juicio con que, siguiendo la tradición clasista y revolucionaria del movimiento socialista, Rosa Luxemburgo reflexionaba, poco antes de ser asesinada, sobre la significación, problemas y desafíos que encaraba entonces la naciente revolución bolchevique en Rusia! La trayectoria anterior y actual de aquella izquierda que, respondiendo ciegamente a sus viejos hábitos de obsecuencia, corre ahora a respaldar la criminal represión del régimen orteguista, corresponde básicamente a aquella que se halla profundamente moldeada por las concepciones programáticas y estratégicas fraguadas en el marco de la prolongada y nefasta experiencia estaliniana que, al invocar cínicamente las banderas del socialismo para encubrir con ellas regímenes opresivos, tanto ha contribuido a desacreditar la nobleza de su causa en todo el mundo.
Lo realmente clave es el protagonismo de los trabajadores
En consecuencia, lejos de configurar una identidad política claramente definida, lo que tenemos hoy, a la izquierda del escenario político, son al menos dos grandes cauces, con identidades programáticas, estratégicas y aun éticas claramente diferenciadas entre sí y también al interior de cada uno de ellos. Resulta por lo tanto elemental, para cualquier análisis formulado desde una perspectiva que se reclame de izquierda en el presente, tener debidamente en cuenta estas distinciones. De hecho la división de posiciones ante lo ocurrido en Nicaragua responde en gran medida a esa diferencia de identidades que existe actualmente en el seno de las fuerzas que se reclaman de la izquierda.
Por una parte, tenemos un amplio y variado espectro de corrientes reformistas, por ahora ampliamente mayoritarias, conformado principalmente por los partidos socialdemócratas, comunistas de cuño estalinista y numerosos movimientos de carácter populista, ciudadanista, progresista, etc. Frente a él, un también variado espectro de corrientes revolucionarias minoritarias de diverso signo: trotskistas, guevaristas, consejistas, anarco-comunistas, etc. Entre ambos cauces, es posible identificar aun un cierto número de partidos y movimientos que habiendo sido en mayor o menor medida influidos también ideológicamente por el estalinismo, se esfuerzan sin embargo por mantener posiciones de carácter revolucionario.
La mutación que se opera en el comunismo al trastocarse en estalinismo corresponde en rigor a un cambio en el enfoque de clase y no se reduce, por tanto, a episódicas diferencias de táctica, o a tales o cuales rasgos programáticos y concepciones organizativas, sino que es de carácter global, paradigmático, cobrando una expresión permanente en todos los planos de la acción política. Se trata de una transformación orgánica, que abrirá una brecha profunda y definitiva entre dos perspectivas políticas claramente diferenciadas y tenazmente enfrentadas en la disputa por la conducción política, sea en el seno del “socialismo real” o del movimiento obrero y popular en los países capitalistas.
Esta disputa enfrentará, por una parte, a quienes se identifican con esta nueva ideología y proyecto político, que sintoniza con los intereses de la burocracia del Estado en el seno de los “socialismos reales”y es asumida también por los intelectuales nacionalistas y los sectores de la burocracia sindical que se encuentran a la cabeza de los partidos comunistas en los países capitalistas y, por otra, a los que, buscando preservar la identidad teórica, política y organizativa del socialismo revolucionario, se empeñan en dar continuidad a una expresión política que corresponda lo más consistente y fielmente posible a los intereses inmediatos e históricos de las amplias masas obreras y populares.
En consecuencia, no resulta sorprendente que desde posiciones reformistas, particularmente las de cuño estalinista, se salga ciegamente en defensa del régimen orteguista. Desde una perspectiva revolucionaria, en cambio, el conocimiento de la experiencia histórica antes reseñada resulta clave para comprender que lo realmente decisivo, tanto en un plano programático como estratégico y organizativo, como lo atestigua por lo demás el desastroso final que conocieron los llamados “socialismos reales” de Europa del este y lo confirma ahora lo sucedido en Nicaragua, es y será siempre el real y efectivo protagonismo político del pueblo trabajador.
En efecto, como señalaba el primer considerando de los estatutos de la Primera Internacional redactado por Marx, “la emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de los propios trabajadores”. Ese es el principio básico llamado a orientar todo el curso de acción de la izquierda revolucionaria. Solo ello puede asegurar inequívocamente el plantearse primero y empeñarse luego en profundizar y dar continuidad a un proceso político transformador en la perspectiva del socialismo. Esto supone impulsar, de manera persistente y decidida, una cada vez mayor democratización sustantiva de la sociedad en todos los planos como base y fundamento de todo genuino proyecto de emancipación social. Como lo dice con claridad la letra original de la Internacional, el himno de los trabajadores del mundo entero: “Ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador, nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor”.
La democracia y el socialismo, como caras opuestas de una misma moneda, resultan ser indisociables y solo pueden tener un único y mismo significado en términos prácticos: el gobierno del pueblo o, mejor aún, el autogobierno de los trabajadores, consagrado a través de un marco institucional que les reconozca, en su calidad de ciudadanos, un real poder de decisión. La seudoizquierda procedente del estalinismo, en cambio, se acostumbró a concebir el socialismo como un asunto que concierne exclusivamente a la elite dirigente del Estado y del Partido, la única que participa de los debates y que en definitiva posee un poder de decisión real sobre los asuntos que definen el rumbo de un país. Es esto lo que explica el reiterado interés manifestado por Ortega de encarar los problemas del futuro político de Nicaragua mediante negociaciones cupulares a puertas cerradas.
A nivel discursivo, aunque las corrientes que proceden del estalinismo mantienen aun las formas y el lenguaje de la tradición socialista, lo que para ellas siempre pasa a primer plano son los intereses de la “patria”, tras el propósito de unificar a toda la nación en torno a sus prioritarios objetivos de independencia y desarrollo. Fue precisamente el intenso anhelo de reivindicación nacional –sobre todo en los países de la periferia del capitalismo mundial, oprimidos y saqueados por el imperialismo–, lo que ante todo llevó a muchos intelectuales a identificarse con el movimiento comunista internacional e incorporarse a sus filas, como lo han reconocido posteriormente de manera expresa algunos de ellos. Pero la mutación ideológica que se opera en su seno con el estalinismo, se convertirá en una inevitable fuente de equívocos que a la larga terminarán por revertir los proyectos de transformación social emprendidos bajo dicha bandera.
En efecto, el rol político protagónico que bajo ciertas circunstancias históricas ha llegado a desempeñar la burocracia civil y militar que se halla a la cabeza del Estado está lejos de ser un fenómeno nuevo, asociado a las vicisitudes del movimiento comunista. Sobre todo en las condiciones de un capitalismo emergente, ello ha ocurrido muchas veces y es este el fenómeno que el pensamiento científico-social ha buscado captar con el concepto de bonapartismo. En grados y con características diversas, éste puede reconocerse en experiencias tan variadas como las de los regímenes instaurados en el siglo XIX por Bismarck o la revolución Meiji en Alemania y el Japón respectivamente, o en el siglo XX por los fascismos europeos, los militares turcos y árabes, los ayatolá iraníes o los “socialismos reales”, sobre todo del “tercer mundo”.
El denominador común de todas estas experiencias es que tales burocracias se sienten ante todo llamadas a representar políticamente, por encima de las clases, lo que ellas logran percibir como los intereses de su nación, en un contexto mundial dinámico y cambiante, plagado de amenazas externas. La ideología y consideraciones que las cohesionan y orientan son esencialmente de carácter nacionalista. El enorme poder del Estado es puesto a su servicio hasta el punto de constituirse en la principal palanca del desarrollo económico. En el caso de los “socialismos reales” esta fue la perspectiva que se abrió con la teoría estaliniana del “socialismo en un solo país”, sirviendo luego de modelo para experiencias ulteriores, con su secuela de agudos conflictos recíprocos y su posterior tránsito a cauces capitalistas. Total, como lo expresara gráfica y pragmáticamente Den Xiaoping, “no importa el color del gato sino que cace ratones”.
Por su parte, las corrientes que se configuran al alero de esa ideología en el marco de las “democracias capitalistas”, se hallan también habituadas a cultivar las prácticas cupulares y despóticas que son propias del reformismo. De allí que consideren que un cambio favorable en la correlación de fuerzas solo puede surgir de algún pacto o alianza entre las cumbres partidarias, siendo esto lo que en definitiva determinaría el límite de lo posible. Este modo de razonar sobre el significado de la práctica política se contrapone frontalmente también con la lógica esencialmente clasista y plebeya de toda orientación revolucionaria, que dirige preferentemente su atención y su accionar hacia los oídos receptivos de las masas trabajadoras.
Para los revolucionarios el eje de la acción política consiste siempre en intentar elevar los niveles de conciencia, organización y movilización del pueblo trabajador. En consecuencia, la definición programática básica de una izquierda genuinamente revolucionaria apunta no solo a plantearse la necesidad de superar el capitalismo y su compulsivo, a la vez que social y ecológicamente autodestructivo, criterio de racionalidad económica, sino también en concebir al socialismo como sinónimo del más pleno imperio de la soberanía popular, lo cual significa una democratización global de la vida social en todos los planos: económico, social, político y cultural.
El gran desafío consiste, entonces, en tornar posible lo que hasta ahora no lo ha sido, es decir, en “hacer posible lo imposible”. Sin esa convicción y decisión ningún cambio revolucionario se habría hecho jamás realidad. Fue precisamente esa convicción y decisión las que impulsaron a liderazgos como los de Lenin, Trotsky, Mao, Tito o Fidel a enfrentar a los grandes poderes existentes, aun cuando en el caso de estos últimos predominasen ya objetivos de carácter nacionalista. En cambio la práctica de la vieja izquierda socialdemócrata y de la mayor parte de la estaliniana, invocando como algo elemental un supuesto “realismo político” –secundada ahora también por algunas corrientes políticas emergentes–, consiste en alentar, como única alternativa posible a las políticas neoliberales que impulsa el gran capital, la formación de una amplia convergencia de fuerzas meramente “progresistas”.
Pero para permitir y preservar la amplitud de dicha convergencia, el proyecto político de este “progresismo” no puede pretender ir más allá del mínimo común denominador que la hace posible. Y en definitiva, ello no es más que un simple intento de presionar al gran capital para que, en función de su propio interés a largo plazo, se allane a aportar una mínima parte de sus fabulosas ganancias para aumentar el gasto social a fin de “comprar” con ella un poco de “paz social”. En esto consiste básicamente la orientación política que en definitiva ha caracterizado a gobiernos como el de Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, los Kichner en Argentina, Mujica en Uruguay, Lula en Brasil u Ortega en Nicaragua, impulsores de un tibio y deslavado nacionalismo sin identidad de clase, si es que no directamente burgués, y en alto grado paternalista.
En rigor, la verdadera alternativa al capitalismo salvaje neoliberal no es la de un ilusorio “capitalismo con rostro humano” sino la humanización efectiva e integral de la vida social, es decir, el socialismo. Las corrientes que proceden de la tradición estaliniana, socialdemócrata o populista, invocando resignadamente la perspectiva del “posibilismo” aparentemente dictada por una correlación de fuerzas desfavorable, a lo más que aspiran es a instalar un modelo de administración del capitalismo menos cavernario que el neoliberalismo. Pero si las fuerzas que se reclaman de la izquierda quieren tener algún futuro acorde con el proyecto emancipador con el que dicen identificarse no pueden limitarse a levantar una alternativa como esa, es decir, ¡no pueden arrojar a Marx al tacho de la basura y aferrarse empecinadamente a Keynes!
Cabe añadir que el reformismo, en su pretensión de imponer o mantener su hegemonía sobre movimiento obrero y popular para tornar viable su fraudulento proyecto de humanizar al capitalismo, siempre ha percibido como su principal amenaza a las corrientes revolucionarias que denuncian con decisión el verdadero significado de su accionar. Es por ello que los reformistas difaman y atacan a estas corrientes con la mayor virulencia: así como la socialdemocracia alemana calumnió, reprimió y asesinó con ayuda de los freikorps a los espartaquistas y los estalinistas calumniaron, reprimieron y asesinaron posteriormente a la mayor parte de la vieja guardia bolchevique, así también observamos que lo hacen ahora los orteguistas con los luchadores populares que se oponen sus políticas.
Por último, hay en todo esto involucrada también una ética de la acción política. Dado que lo que distingue a unos de otros son sus fines, la violencia como instrumento de acción política no puede dejar de tener para la izquierda un significado muy distinto al que se puede apreciar en el uso que de ella hace la derecha: si para esta última es un instrumento de opresión destinado a silenciar y destruir toma manifestación de descontento y lucha emancipatoria, para la izquierda solo puede ser un instrumento de defensa, proporcional a la intensidad de la agresión, y de acción emancipadora, destinada a conquistar derechos y libertades. No cabe sobrepasar esos límites que hacen de ella un medio legítimo de acción ya que la izquierda debe exhibir una clara consistencia democrática entre sus fines y sus medios. Y lo mismo vale para el respeto a la verdad, que como sostuvo Gramsci “es siempre revolucionaria”, como instrumento de emancipación de los oprimidos.
CONCLUSIONES
Las lecciones de lo sucedido en Nicaragua son múltiples, pero sin duda las más importantes, al menos desde una perspectiva socialista y revolucionaria, pueden resumirse en tres:
Primero ha puesto claramente de relieve los límites de –y en definitiva el fracaso en que se resuelven– las políticas “progresistas” de una izquierda de orientación reformista que, abandonando la perspectiva del socialismo como proyecto histórico de emancipación de los trabajadores, ilusoriamente se empeña, de manera resignada, en intentar conciliar los intereses del gran capital con los intereses, derechos y anhelos mayoritarios del pueblo trabajador. La lógica de la valorización del capital como principio ordenador de la actividad económica, tanto a escala nacional como mundial, se impone inexorablemente en detrimento de las inmensas posibilidades que el actual desarrollo científico-técnico ha abierto a la valorización de la vida, que es el criterio de racionalidad económica que solo el socialismo puede hacer posible.
A su vez, la toma de posición que ante lo ocurrido en los últimos meses en Nicaragua han adoptado aquellas corrientes de la izquierda que son política e ideológicamente tributarias de la tradición estaliniana, y también la situación de aquellas otras que, sorprendidas y perplejas, han preferido permanecer en silencio, revela la magnitud de la crisis de perspectivas, es decir la desorientación mayúscula, en que todas ellas se debaten. Ante esto no puede resultar más claro que tales corrientes, que han borrado de su horizonte visual la posibilidad del socialismo y se aferran empecinadamente a la política del mal menor, no están en condiciones de constituir una alternativa real, consistente y consecuente, al “neoliberalismo”, capaz de expresar sobre la arena política los intereses, derechos y aspiraciones del pueblo trabajador.
Todo ello, pone a su vez de relieve la imperativa y urgente necesidad de trabajar denodadamente en la construcción una alternativa política revolucionaria que, apoyada en la inmensa y rica experiencia de luchas acumulada por el movimiento obrero y popular a escala mundial, se muestre capaz de ir abriendo nuevamente en todas partes camino a una perspectiva socialista mediante una clara y consecuente lucha de masas por una democratización sustantiva de la sociedad en todos los planos. La magnitud de la crisis global a la que el desarrollo del capitalismo ha arrastrado a la humanidad, expresada hoy a escala global en las abismales desigualdades económicas y sociales existentes, la catástrofe ambiental en curso y la amenaza de nuevos y mayores conflictos bélicos autodestructivos, lo demanda de manera perentoria.

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