sábado, 10 de noviembre de 2018

AMLO Y LOS MEGAPROYECTOS DEL EXTRACTIVISMO MINERO DEPREDADOR

El nuevo gobierno y los megaproyectos mineros
Por Jesús Valdéz,
Boletín Revolucionario:
07 de noviembre de 2018.
En nuestro país, la minería en su conjunto genera ganancias anuales de alrededor de 13 mil millones de dólares, por lo menos el 52% de la producción minera en nuestro país está enfocada a la extracción de oro y plata, los procesos de extracción son altamente contaminantes. Paradójicamente en su conjunto esta actividad sólo aporta el 1% del ingreso fiscal de nuestro país y paga sueldos miserables a sus trabajadores, como ejemplo ilustrativo basta decir que de los 22 municipios en el país que concentran la producción nacional de oro, el 76% rebasan el promedio nacional de población en situación de pobreza extrema. Actualmente las empresas mineras que tienen menos de 100 hectáreas concesionadas están exentas de pagar impuestos al Estado, las que tienen arriba de 100 hectáreas pagan 500 pesos anuales por hectárea, sin embargo, al menos un tercio de estas empresas no pagan ni eso, ya que ni el SAT ni la Secretaría de Economía les hacen el cobro correspondiente. En 2014 se reformó la ley minera para ampliar el número de concesiones mineras que hoy suman 25 mil 515, abarcando en su conjunto ¡un tercio del territorio nacional! 
Aunado a lo anterior, hay que decir que no son sólo  las mineras trasnacionales las principales beneficiadas de este negocio, sino también encontramos a las empresas mineras de los multimillonarios Germán Larrea y Alberto Bailleres, quienes felicitaron a AMLO por resultar favorecido en la contienda. Al respecto Grupo México aseguró “redoblaremos esfuerzos e inversiones responsables con el bienestar social”
Primera llamada e invitación al maiceo de organizaciones sociales
El 20 de enero de 2017, AMLO propuso un decálogo para combatir a Trump durante un mitin en Ciudad Acuña, Coahuila. En el punto 6 propone “Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”. Dicha ocurrencia no fue pasada por alto por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que el 8 de febrero lanzó un importante comunicado en repudio al dicho de AMLO.
En el plan de nación de AMLO 2018-2024 presentado en noviembre de 2017, AMLO propone (página 330) reformar la Ley Minera y plantea la necesidad de un estudio del impacto social, ambiental y la “consulta a los pueblos” para impugnar las concesiones que no cumplan la ley actual y luchar por una reforma. En el discurso se oye, muy bonito y pienso que por esa se buscará cooptar a diferentes sectores de la resistencia a través de las tradicionales organizaciones acostumbradas al maiceo y la negociación con los gobiernos en turno. En la vía de los hechos, estas organizaciones actúan como los “chalanes de izquierda”de las mineras
Es una práctica común entre las organizaciones oportunistas en primer lugar hacer el papel de oposición a las empresas mineras, para luego fungir como mediadores o “representantes legales”de los pueblos para poder traicionarlos o entregar sus recursos naturales. Otra de las tácticas de estos grupos y ONG´s consiste en después de haber organizado algún movimiento de resistencia, hacer el trabajo de convencer a la gente o a las asambleas comunitarias para que permitan que se instale la mina a cambio de un porcentaje insignificante de estas empresas para los municipios en donde se extraen minerales o realizar obras públicas a beneficio de las comunidades para maquillar y embellecer la devastación ambiental que estas empresas dejarán en el mediano y largo plazo. Esto bajo el pretexto de que “no hay de otra”y que “el enemigo es muy fuerte, hay que sentarse a negociar”.
Existen muy pocas áreas naturales protegidas
En otra parte del citado documento (pág. 335), AMLO propone “prohibir la explotación de hidrocarburos y minerales en áreas naturales protegidas”, mientras que una página antes se compromete a “incrementar la superficie de protección de las áreas naturales protegidas de México y asegurar sus planes de manejo”. Y en la pág. 459 apunta que “en el caso de la minería, se requiere que se desarrolle, pero cuidando el medio ambiente y exigiendo a los inversionistas internacionales condiciones laborales y ambientales semejantes a las que se cumplen en sus países de origen.”
Lamentablemente las áreas naturales protegidas en el país son muy limitadas y aún en el caso (muy necesario) que estas se incrementenexiste una beta muy importante para el saqueo de los recursos naturales de nuestro país, aún en el caso que el nuevo gobierno les cobre mayores impuestos, las ganancias de estas empresas serán elevadísimas así como el impacto ambiental para los pueblos, la minería y el fracking son dos de las actividades que mayor impacto tienen sobre los ecosistemas  se cuentan entre las más destructivas del capitalismo salvaje. La apuesta de AMLO es convencer a los pueblos de los beneficios que traerá esta actividad a nuestro país, pues el discurso del “progreso”es parte de la “izquierda”electoral mexicana. Tendremos que poner mucha atención en materia de hidrocarburos, pues las nuevas iniciativas de ley de MORENA van hacia este camino. El de AMLO además de ser un gobierno neoliberal, apoyara el despojo de los pueblos indígenas y “no indígenas”
Segunda llamada: Iniciativa para derogar la ley agraria vigente
El 23 de octubre de 2018 Ricardo Monreal a nombre del grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa que contempla la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de una nueva Ley para el Desarrollo Agrario, que a la letra dice desde la exposición de motivos:
Como se ha dicho, los ejidos y comunidades, son propietarios del 51% del territorio nacional, de acuerdo con su ubicación geográfica, sus recursos naturales y la vocación natural de las tierras, son estratégicos, por lo que resulta indispensable promover un desarrollo incluyente, que los incorpore como la unidad más representativa en la sociedad rural. Para ello es urgente actualizar el marco legal que los sitúen como parte de los actores principales del desarrollo nacional; como agentes económicos en el desarrollo de su región y del país.
Fortalecer su capacidad de gestión para aprovechar el potencial de sus tierras y recursos naturales, promoviendo el bienestar de sus familias y sus localidades. Lo mismo para aquellos con recursos forestales, pesqueros y los que proporcionan servicios ambientales, los que tienen recursos no renovables asociados con la extracción minera y de hidrocarburos, y los propicios para la generación de energías limpias o alternativas como son la eólica o solar, o con riquezas culturales y tradicionales. De manera similar, para aquellos con amplia capacidad agrícola o ganadera. (Pág 4)
En el año  1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional para poder entregar los recursos estratégicos de nuestro país a los capitales privados nacionales y extranjeros. A la par se expidió la Ley Agraria el 26 de febrero de 1992, que reconoce a las asambleas ejidales y comunales como máximas autoridades de los núcleos agrarios. Al mismo tiempo, esta ley permite que por medio de la asamblea general del núcleo se cambie el tipo de propiedad de la tierra, es decir, que se privatice. La nueva Ley para el Desarrollo Agrario de Morena no cambia esto en lo sustancial, sino es una continuación de la reforma salinista, ya que facilita los mecanismos para la privatización de la tierra.
El 30 de octubre de 2018 la Red Mexicana de Afectados por la Minería lanzó un nuevo y certero comunicado donde denuncian elcarácter reaccionario de dicha iniciativa, al respecto, el abogado adherente al CNI Carlos González García apunta que: “La iniciativa de reforma presentada por Monreal tiene como fin armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales”.
La citada iniciativa de ley remata para no dejar lugar a ambigüedades:
Artículo 261. El asignatario o contratista y/o el titular de los derechos ejidales o comunales, deberán presentar al Tribunal Agrario para su validación el contrato signado para el uso y ocupación de tierras ejidales o comunales, en un plazo de hasta 90 días hábiles, conforme los lineamientos emitidos por la Secretaría de Energía para el caso de la industria de Hidrocarburos y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la industria eléctrica.
CONCLUSIONES
Estamos en los albores de una crisis mundial por escasez de agua, la cual es indispensable para la vida. Tanto la mineríacomo la fractura hidráulica (fracking) son dos de las actividades más destructivas del capitalismo moderno. Hace un siglo y medio Carlos Marx señalaba en un estudio sobre el capitalismo de su época (El Capital) que “la producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador”. Hasta la fecha este sistema no ha perdido su salvajismo y sigue gobernando sobre casi toda la faz de la tierra con sus consecuencias monstruosas. A la tesis de Marx nosotros debemos añadir que el capitalismo es un sistema tan reaccionario que ha convertido a las fuerzas productivas en su opuesto: en fuerzas destructivas del medio ambiente y de la vida misma.
07 de noviembre de 2018.

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