martes, 20 de noviembre de 2018

SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS KAIOWÁS Y GUARANÍS EN BRASIL EN PELIGRO DE DESALOJO

Comunidades Kaiowás y Guaranís sobreviven en tierras recuperadas, frente a la amenaza de desalojo hacen un llamado urgente a la solidaridad
Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones:
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¡OCUPAR TODO! Los Guarani y Kaiowá amplían recuperación de tierras ancestrales

CSPI-D.
19 de noviembre de 2018.
Familias Kaiowás en peligro de desalojo
En el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro oeste de Brasil, familias Guaraní y Kaiowa sufren peligro de desalojo forzoso y llaman a la solidaridad para proteger a vida de sus hijos e hijas.
La comunidad, la esperanza y el peligro de desalojo
Laranjeira Nhanderu –al igual de la comunidad cercana desde donde partieron– se llama la comunidad que se ha formado, por medio de una recuperación de tierras, desde el pasado 31 de octubre. Alrededor de 15 casas improvisadas se pueden observar desde la carretera principal que une a las ciudades mayores en Mato Grosso do Sul. Las casas están hechas de nylon negro, cartón y madera y albergan alrededor de 120 personas de todas las edades, que tienen en común la esperanza de vivir, no solo sobrevivir.
Pasamos por un camino de alrededor de 100 metros hasta entrar en esta nueva comunidad. Las vacas del capataz de los hermanos que juntos son dueños de la hacienda Santo Antonio Nova Esperanza circulan cerca de las casas. La comunidad pide la retirada urgente del ganado. La entrada de estas familias a la sede de la hacienda fue pacífica, y las personas no quieren ser acusados de daño a las propiedades de la hacienda. Quieren apenas vivir, sembrar, generar vida.
Se respira esperanza. Los niños y niñas nos muestran por medio de dibujos como sueñan vivir. Podemos observar árboles, diferentes animales, ríos, escuelas y casas de reza. Una niña de alrededor de tres años también nos explica que una mancha colorida en su hoja representa la retirada de las vacas, tierra en donde ella desea sembrar yuca y frijol. Las familias hacen la danza guaxiré, de alegría y comunidad, los ancianos realizan una reza.
El 14 de noviembre les llegó la orden de juez de que, si no salieran de forma voluntaria en 72 horas, podrían sufrir un desalojo forzoso. Esto podría acontecer el martes 20 de noviembre, y el que las vacas de la hacienda no han sido recogidas es una señal alarmante para las familias. Afirman varias integrantes de la comunidad:
«No nos vamos a salir. Hemos esperado que el Estado cumpla nuestros derechos por 11 años, y estas tierras son nuestras».
Una anciana de 94 años, mantiene la memoria de cómo fue la vida durante el primer desalojo en la década de 1920.
«He retornado a donde mis familiares están enterrados, y no saldré de aquí de nuevo».
La decisión de las familias de no salir responde a la desesperación de haber sobrevivido por generaciones en una precaria reserva indígena, y los últimos años en la recuperación de un pequeño pedazo de su territorio, en una hectárea en el bosque al lado de la recuperación. La situación es alarmante. Siendo una comunidad compuesta mayoritariamente por niños, el desalojo forzoso representaría otra agravante violación de sus derechos humanos, y sin duda provocaría secuelas y traumas por las que ningún niño o niña debería de pasar. De igual manera, la comunidad se integra por varias personas ancianas de entre 80 y 94 años.
El inicio del confinamiento
Nos encontramos en el centro-oeste de Brasil, en el estado de Mato Grosso do Sul, que colinda con Bolivia y Paraguay y con los estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná y São Paulo. En la región del sur de este estado, cerca de Paraguay, están partes de los territorios de los pueblos indígenas guaraní y kaiowá, los más numerosos de Brasil, con alrededor de 45 mil personas. Desde hace cerca de 100 años, estos pueblos sobreviven en condiciones de confinamiento en reservas precarias, que fueron creadas entre 1915 y 1928 para dar lugar a la empresa Matte Larangeira. Los pueblos indígenas, despojados de sus tierras, se vieron obligadas a trabajar para la misma empresa.
En portugués, «mato»significa«bosque»y, en este contexto, «grosso»refiere a «inmenso». Sin embargo, a pesar de su nombre, en este estado brasileño, los bosques ya son escasos. Acelerado el proceso durante la dictadura militar en el marco de la revolución verde, los bosques fueron devastados, y en su lugar, el agronegocio de caña y poco después de soya transgénica y maíz comenzó a dominar la vida en la región. Hoy en día, irónicamente la soya y la caña se promueven fuera del país como energía verde o renovable. Ambas proveen agrocombustible para el mercado nacional e internacional, mientras el gobierno de Mato Grosso do Sul lanza campañas de Carbono Neutro, señalando el giro ambiental de las políticas públicas en la región. Quién conoció estas tierras entiende la magnitud de la devastación que aquí ocurre. Como ejemplo, la población de Mato Grosso do Sul consume anualmente un promedio arriba de 40 litros de agrotóxicos, mientras la media nacional es de siete litros. Los ríos están secos, los arboles cortados, y la segunda reserva de agua más grande del mundo, la acuífera guaraní, corre peligro de contaminación.
Mientras tanto, los pueblos indígenas sobreviven en las reservas, en donde su modo del buen vivir, tekojoja, tekomboraihu, tekovýa o tekomaraneyen kaiowa, caracterizado por la alegría, la reciprocidad, la unión, la comida saludable y el canto, se pierde un poco más cada día. Históricamente, el pueblo vivía de la pesca, caza y cultivo de yuca, así como de otras raíces. Además, tiene una cosmología y práctica social en la que el cuidado de los bosques y los ríos es fundamental. Sin embargo, en la actualidad, las familias han sido obligados a depender de la canasta básica entregada por instituciones de gobierno y a vender su fuerza de trabajo para el agronegocio. Trágica expresión del sufrimiento son los numerosos suicidios de jóvenes que habitaron estas reservas. Esa triste estadística está entre las más altas del mundo. Los pueblos mismos, y organismos de derechos humanos, denuncian que lo que acontece es un genocidio prolongado. Después de la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Brasil, esta entidad confirmó la grave situación humanitaria en la que viven estos pueblos, según el informe preliminar, vinculado a la falta de acceso a tierras.
Exigencia de retorno para poder vivir
Es de ese contexto de largo confinamiento y violencia estructural que los pueblos guaraní y kaiowa exigen salir. Desde hace décadas, después de la finalización de la dictadura militar en 1985, familias guaraní y kaiowás han exigido retornar para sus tierras de origen. La constitución de 1988 garantizaría ese retorno por medio de las demarcaciones de tierras indígenas en el país. Según el artículo 231 de la Constitución Federal:
«Se reconoce a los indígenas su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, proteger y garantizar el respeto de toda su propiedad».
El segundo párrafo de este artículo garantiza a los pueblos originarios el «uso exclusivo de las riquezas del suelo, ríos y lagos existentes en el mismo». Y el sexto párrafo dice: «Las tierras que se hace referencia en este artículo son inalienables e inasequible y los derechos sobre ellas imprescriptibles».
Sin el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en Brasil se ve truncado por los intereses económicos, alianzas políticas y la extensa corrupción. Cuando la institución indigenista de Brasil, Funai, demarca las tierras, los pasos posteriores para devolver la tierra a sus pueblos, simplemente no se realizan.  Mientras los gobiernos petistas también fallaron a este compromiso, a partir del impeachment contra Dilma Rouseff en 2016, «la bancada ruralista», o el lobby del agronegocio en el congreso brasileño tomó más fuerza.
Michel Temer, presidente interino a partir de 2016 introdujo el «marco temporal», que indica que solo las tierras que estaban en poseción de los pueblos indígenas en 1988 podrán ser demarcados. Este marco temporal representa otra ironía, siendo que era justamente el desalojo antes y durante la dictadura que este artículo de la constitución pretendía resolver.
Al mismo tiempo, el presupuesto de Funai sufrió varios recortes, imposibilitando que los procesos de demarcación avancen.
Ahora el escenario es todavía más oscuro. El recién electo presidente, Jair Bolsonaro, prometió durante su campaña no ceder «un centímetro más de tierra para los pueblos indígenas». Después de su victoria electoral el pasado 28 de octubre, defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas de esta región han sufrido amenazas de muerte y hostigamiento. Mientras la llamada «comunidad internacional»no ejerza mayor presión a Brasil, la preocupación es que su promesa electoral se vuelva realidad.
Las recuperaciones de tierra
Es enfrentadas con este contexto, y ante la desesperación de ver sus hijos e hijas sin un futuro digno que las familias kaiowa deciden recuperar sus tierras, sus «tekoha»–lugar donde se puede realizar el buenvivir– sin esperar la respuesta del Estado. Las últimas décadas, numerosas de estas recuperaciones se han realizado en Mato Grosso do Sul. Las familias ocupan pequeñas partes de su territorio original, construyen casas de rezas, e implementan procesos de reforestación y agroecología, en tierras devastadas por el uso extensivo de agrotóxico.
La respuesta ha sido violenta. Las fuerzas de seguridad del Estado han realizado desalojos forzosos en los que la vida de las personas no ha sido respetada. Al mismo tiempo, pistoleros, o guardias blancas, según fuentes que trabajan en el área contratados por los latifundistas, han asesinado a muchas autoridades comunitarias y jóvenes guaraní y kaiowa.
Laranjeira Nhanderu
El pasado 31 de octubre, aproximadamente 120 personas, entre ellas mujeres, hombres, ancianos y niños, ocuparon la hacienda Santo Antonio Nova Esperanza, en el municipio Rio Brilhante en Mato Grosso do Sul.
Estas personas partieron de otra recuperación de tierras con el mismo nombre Laranjeira Nhanderu, que desde hace 11 años lucha por el retorno a sus tierras, en el bosque a un lado de la hacienda. La demarcación de sus tierras consta de 3,666 hectáreas de su territorio original. Fue en 2007 que estas y otras familias decidieron retornar a su territorio tradicional, ocupando apenas una de las 3,666 hectáreas en el bosque a un lado de la hacienda Santo Antonio Nova Esperanza.
La comunidad ya sufrió un desalojo en 2009. Posterior a la orden de desalojo de un juez, salieron de sus tierras recuperadas y quedaron viviendo en la orilla de la carretera de BR-163, una vía de tránsito de vehículos pesados, durante un año y ocho meses. Las casas que habían dejado atrás fueron quemadas. Durante el tiempo que pasaron a la orilla de la carretera, sufrieron violencia directa y estructural, soportando el ruido constante del tráfico de vehículos pesados. Sobrevivieron inundaciones de la lluvia, falta de agua para beber, y perdieron personas en suicidios y accidentes de tránsito.
En 2011 entraron a sus tierras ancestrales de nuevo. Fue una pequeña victoria, pero es apenas una hectárea la que ha albergado a esta población desde entonces. Siendo esta tierra caracterizada como reserva ambiental perteneciente a la hacienda Santo Antonio Boa Esperanza, las familias no han podido cultivar las tierras e identifican esta situación como un nuevo confinamiento. Han apenas sobrevivido, si bien en condiciones más humanas que las de la orilla de la carretera, sin poder sembrar, lo que les ha obligado a comer de la canasta básica y a vender su trabajo a las usinas de caña en la región. Al mismo tiempo, un latifundista vecino ha impedido el acceso al nuevo campamento.
Fue apenas hace dos meses que se llegó a un acuerdo entre Laranjeira Nhanderu y dicho latifundista, que estaría garantizando el libre acceso de la comunidad, mientras la comunidad respetara los límites de la reserva. ¿Una victoria? Si bien garantizaría más calma para la comunidad, está aún muy lejos de resolver las necesidades de siembra y de construir una comunidad en la que los hijos e hijas tengan condiciones para comer, crecer y vivir. Han sido 11 años de espera paciente, pero la reciente recuperación de la sede de la hacienda Santo Antonio Nova Esperanza es un esfuerzo por sobrevivir, como personas y como pueblo. El desalojo de la comunidad sería otra agravante violación contra los derechos de los pueblos indígenas de Brasil.

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