lunes, 10 de diciembre de 2018

“OAXACA, TERRITORIO PROHIBIDO PARA LA MINERÍA”: exigencia de comunidades al nuevo gobierno

Cancelación de 322 concesiones y 41 proyectos mineros y declarar prohibida para la minería en Oaxaca, exigen a AMLO
Este material se comparte con autorización de La Minuta
Desinformémonos, Periodismo de abajo:
10 de diciembre de 2018.
Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe final del Juicio Popular en contra el Estado y las Empresas Mineras, en conferencia de prensa en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca.
Representantes de 52 comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo exigieron atención al dictamen final del Juicio, el cual demuestra claramente que los proyectos y las concesiones mineras han violado los derechos de los pueblos al consentimiento previo y a la libre determinación, además causando afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada.
Por lo tanto se exige la cancelación de las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en Oaxaca y que se emita una moratoria que declare el territorio estatal prohibido para la minería.
Las y los voceros de las comunidades denunciantes en el Juicio destacaron la responsabilidad del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para derogar la actual ley minera y suspender de forma inmediata la entrega de títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete los derechos de los pueblos indígenas y establece un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar su acceso a la información oportuna.
De igual forma, hicieron hincapié en la libre determinación y autonomía de los pueblos, quienes tienen el derecho de administrar sus territorios y a mantener la propiedad colectiva de los bienes comunes naturales, sin que sean sometidos a la criminalización.

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