domingo, 17 de febrero de 2019

CARTA ABIERTA DE PUEBLOS OPOSITORES AL PLAN INTEGRAL MORELOS, AL PRESIDENTE

No a los proyectos depredadores, extractivistas, turísticos, urbanizadores y de infraestructura
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua
Morelos – Puebla – Tlaxcala.
México, febrero de 2019.
Lic. Andrés Manuel López Obrador,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:
I.                  Como usted bien sabe, durante los gobiernos neoliberales, emergieron cientos de resistencias comunitarias, campesinas, indígenas y vecinales en contra de proyectos depredadores, extractivistas, turísticos, urbanizadores y de infraestructura en todo el país. Dichos proyectos se trataron de imponer a pesar de sus consecuencias socioambientales, con violaciones legales y procedimentales, utilizando la fuerza y provocando numerosas violaciones a los derechos humanos. Se trató de justificar su realización desde esos gobiernos argumentando su aporte al crecimiento económico o bien la necesidad del llamado desarrollo o progreso. Tales discursos ocultaban las relaciones de poder que existen en cualquier megaproyecto, el creciente control territorial de las empresas y en especial, el peligro no sólo ambiental sino comunitario y étnico que implican muchos de estos proyectos, al deteriorar las condiciones para que dichas formas de vida colectivas sigan existiendo.
II.               El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, Tierra y el Aire, de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) es parte de esa enorme movilización comunitaria y popular que se organizó, protestó y resistió a lo que podemos considerar imposiciones promercado de corte autoritario. El Proyecto Integral Morelos, (PIM) que contempla la construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, así como un gasoducto y acueducto, representan el mismo camino andado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en otros lugares intentó sin éxito realizar proyectos sin el consentimiento de los pueblos. Sin información previa, sin consulta a los pueblos, sin debate público, sin estudiar otras alternativas, los proyectos energéticos de la CFE intentaron avasallar numerosos pueblos y comunidades que en Oaxaca o en Guerrero detuvieron faraónicos proyectos hidroeléctricos. El FPDTA ha luchado durante varios años para ser escuchados, e incluso sus integrantes han sido víctimas de la represión gubernamental, llevando a la cárcel a algunos de sus voceros e integrantes por el gobierno de Graco Ramírez. El FPDTA ha argumentado el aumento del riesgo en seguridad por la construcción del gasoducto en una zona volcánica, así como la utilización, acaparamiento y contaminación del agua por el proyecto.
III.           En fechas recientes usted ha anunciado una consulta para decidir sobre la activación de la termoeléctrica en Huexca y la continuidad del PIM. A diferencia de las posiciones conservadoras, quienes firmamos esta misiva, pensamos que los pueblos deben ser consultados directamente para la toma de decisiones. Empero, la consulta que se realizará el próximo 23 y 24 de febrero, dista de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida. Como usted sabe, México ha signado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, desde donde se desprende el derecho a la consulta a los pueblos donde son ellos quienes tienen derecho a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”. Por otro lado, la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) en distintas sentencias así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas son claras al decir, que se requiere del consentimiento de los pueblos para la realización de proyectos de inversión y de desarrollo. En todos los casos, ese consentimiento debe lograrse a través de las propias instituciones comunitarias de los pueblos así como de un proceso acordado con los propios sujetos sociales, que permita la información y deliberación, respetando sus formas culturales, sus lenguas y en especial, los modos de decisión de los propios pueblos afectados. Si consideramos estos mandatos que se desprenden de la ley, la consulta convocada desde la presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios. No es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo algunos con los pueblos afectados, se lleva a cabo de manera precipitada lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente para la información y la deliberación. Pero aún más, no cumple con los requisitos de equidad de participación ya que el propio presidente de la república –quien goza de una alta popularidad- es quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de comunicación para ser escuchadas. Dicha consulta no pondera además, entre afectados directos e indirectos, soslayando entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos indígenas. Es comprensible entonces que muchos de esos pueblos rechacen la consulta a la que usted ha llamado, no porque sean conservadores sino porque la consulta no cumple con la ley y sus derechos. Pero también su rechazo y enojo es comprensible, si recordamos las propias palabras del hoy presidente de la república, cuando en Yacapixtla, Morelos, en 2014, dijo: “nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica” y hoy se convierta en su promotor.
IV.            Por todo ello, llamamos al presidente López Obrador a escuchar a los pueblos opositores y reconsiderar por completo no sólo la modalidad y fecha de consulta que ha determinado unilateralmente sino la relación que desde la presidencia establece con ellos. El 1 de julio no sólo se votó contra una oligarquía partidaria que llevó al desastre al país sino por una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación parte del respeto y reconocimiento a los pueblos opositores a los proyectos gubernamentales que de ninguna manera pueden ser clasificados como parte de la reacción conservadora contra el nuevo gobierno federal. El discurso y acto presidencial del pasado 1 de diciembre, debiera implicar una relación de respeto de los pueblos indígenas: eso incluye sus derechos políticos y territoriales y no sólo sus elementos simbólicos. Ese respeto implica, por supuesto, que puedan tener una visión de desarrollo distinta a la que los gobernantes promueven. La presidencia de la república debe aprender a debatir en condiciones equitativas antes que descalificar a los actores civiles, sociales, académicos, estudiantiles y defensores de los derechos humanos que apoyamos y acompañamos a los pueblos en defensa de la tierra. La resistencia y defensa del territorio por los pueblos indígenas existía mucho antes de que el progresismo ganara la presidencia y es una lucha legítima por los derechos a decidir sobre sus modos de vida, sobre sus territorios y que protege además los bienes comunes naturales. No habrá transformación política alguna sin los pueblos y comunidades indígenas y son una nueva relación con el Estado mexicano, que los reconozca como sujetos políticos colectivos. Llamamos finalmente a la ciudadanía a conocer, informarse y respetar a las luchas en defensa de la tierra, que fueron y son parte de la lucha por transformar este país.
Se requieren firmas solidarias, individuales o colectivas, con esta carta del FPDTA-Morelos-Puebla-Tlaxcala.
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