domingo, 3 de febrero de 2019

COMPAÑERAS DE ATENCO EXIGEN JUSTICIA, VERDAD Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

“Nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todas”
CIMAC
Publicado originalmente en CIMAC Noticias_
Desinformémonos, Periodismo de abajo:
Imagen: Centro ProDH
31 de enero de 2019.
Las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policíacos del 3 y 4 mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, llamaron al Estado mexicano a cumplir las medidas ordenadas en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para investigar y garantizar que hechos similares no se repitan.
Durante 12 años esperaron con la frente en alto hasta lograr que un organismo internacional reconociera que dijeron la verdad. Este paso, sostuvieron, las obliga a no cesar sus exigencias hasta que se sancione a los funcionarios que ordenaron los operativos que dejaron como saldo 47 mujeres detenidas y al menos 26 violadas sexualmente, de las cuales 11 siguieron en su búsqueda de justicia.
“Nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todas”, declararon la mañana de este jueves al exigir garantías de no repetición durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El mismo día que la Corte Interamericana anunció la resolución de este caso, el 21 de diciembre de 2018, la Secretaria de Relaciones Exteriores reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los Derechos Humanos de las 11 mujeres, por lo que anunció que cumpliría las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH.
Las abogadas del Centro Prodh, Stefany Brown y Araceli Olivos Portugal, informaron que todavía no hay un diálogo con el gobierno federal pero señalaron que una vez que las sobrevivientes revisaron la sentencia y fijaron su postura de manera pública se podrá establecer una ruta con las autoridades para dar cumplimiento a las medidas de reparación.
EXIGEN INVESTIGACIONES
La coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer, detalló que en el veredicto la Corte reconoció la responsabilidad de los policías que ejercieron tortura y de toda la cadena de mando que ordenó los operativos, por lo que en el resolutivo se pidió que las investigaciones de los hechos incluyan a las autoridades involucradas y responsables de la violencia por sus acciones y omisiones.
El entonces gobernador del Estado de México y expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó la movilización policíaca, una operación en la que también participaron el comisionado de Seguridad Pública estatal, Wilfrido Robledo Madrid; el secretario de Gobierno, Víctor Amburto Benítez; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, entre otros.
Al respecto, Araceli Olivos Portugal detalló que desde 2006 en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hay una investigación abierta (466/06) que derivó en la consignación de 21 agentes estatales, 21 médicos y un ministerio Público pero sólo hubo una consignación y aunque hasta ahora no hay noticia de sentencias condenatorias tampoco descartó que el caso pase a instancias federales o involucre a otros actores responsables.
La sobreviviente Bárbara Italia Méndez Moreno, quien a los 29 años fue detenida y torturada, señaló que las mujeres nunca fueron vencidas y ahora la exigencia es clara: el cumplimiento cabal de la sentencia. En este afirmó que es de particular relevancia que el Estado inicie las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas.
“No daremos un paso atrás. No nos conformaremos con menos de esto”, aseveró y citó la sentencia que ordena continuar e iniciar las investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso, incluyendo a los responsables directos y sus superiores jerárquicos”.
NO A LA MILITARIZACIÓN
En su participación el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, destacó que en el caso Atenco la Corte se pronunció sobre la militarización de la seguridad pública al decir que un modelo de seguridad ciudadana no puede considerar a las personas como enemigos sino como titulares de derechos.
Es por esta razón, explicó, que la CoIDH ordenó una medida de reparación para que el Estado mexicano establezca controles externos para las fuerzas armadas. Asimismo en otra sentencia por un caso de desaparición forzada cometida por militares en el estado de Chihuahua, conocido como el caso Alvarado, la Corte estableció que deben existir límites a la militarización de la seguridad.
En este sentido, el también abogado, detalló que estas dos sentencias, leídas en conjunto, ponen un estándar claro al que no se ajusta la propuesta de crear una Guardia Nacional.
En este tema una de las sobrevivientes, Edith Rosales, dijo que la supuesta ley de militarización no da ninguna garantía de no repetición por lo que aseguró que hay que luchar para que no haya fuerzas represivas en las calles que detengan, investiguen o sigan a las personas.
ALTO A LA TORTURA SEXUAL
En su resolución el organismo internacional tomó nota de cómo los policías hicieron un uso desmedido y arbitrario de la fuerza por órdenes de sus superiores y la forma en que usaron la tortura sexual como una herramienta de control social.
Es así que otras de las medidas que la CoIDH ordenó es la creación de un observatorio independiente, con participación de sociedad civil, para ser un ente de control y supervisión de los cuerpos policíacos así como elaborar un diagnóstico sobre la tortura sexual, asignarle recursos y tener un plan de trabajo para combatir este delito.
Claudia Hernández Martínez, quien tenía 24 años al momento de los hechos y era estudiante de Ciencias Políticas y trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que esta sentencia también es importante por la necesidad de crear condiciones de no repetición para que existan menos posibilidades de que más mujeres pasen por esto.
Otra de las sobrevivientes, Norma Aidé Jiménez Osorio, quien tenía 23 años al ser torturada, declaró que es necesario seguir hablando de la tortura sexual porque hay mujeres víctimas de este delito que están en prisión y porque los efectos son complejos y extensos pues se trata de una herramienta del Estado para romper a las personas, a los movimientos sociales y para control social y fabricación de culpables.
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