sábado, 6 de abril de 2019

MUJERES DENUNCIANTES POR TORTURA SEXUAL EN ATENCO, MAYO 2006

Compañeras víctimas de tortura sexual en Atenco (3 y 4 de mayo 2006)
Por verdad y justicia, contra la impunidad
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh):
17 de septiembre de 2016.
A partir de un conflicto del municipio de Texcoco contra un grupo de floristas, los días 3 y 4 de mayo de 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas.
Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollín Alexis Benhumea, de 20. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT, colectivos solidarios y personas sin militancia alguna.
Entre los detenidos hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.
Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material de distintos cuerpos de seguridad hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, como encubrimiento y omisiones. También pidió disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia en este caso y aquellas necesarias para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso, además de pedir la reparación integral a favor de las víctimas.
El 17 de septiembre de 2016, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al detectar la falta de avance sustancia e integral en el cumplimiento de las recomendaciones.
A una década de los hechos apenas hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación, no hay ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas, a pesar de las investigaciones de la SCJN, de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales, como la CIDH y el Comité para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Mujeres de Atenco: se instala mesa de cumplimiento de medidas ordenadas por la Corte Interamericana
Cejil
Publicación: 04 de abril de 2019.
Ciudad de México y San José, 04 de abril de 2019.- Hoy se instaló formalmente la mesa para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco. En la reunión estuvieron presentes una delegación de las mujeres denunciantes, sus representantes legales y representantes de diversas dependencias y organismos federales y del Estado de México, convocados por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre los primeros acuerdos alcanzados se encuentra que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención de salud.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, afirmó que el Gobierno federal cumplirá cabalmente la sentencia y que no se revictimizará a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual.
La Corte IDH notificó en diciembre de 2018, tras más de 12 años de lucha de las mujeres, que había adoptado una sentencia en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el marco de la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
La Corte IDH ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. También señaló que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca.
La sentencia contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural sobre derechos humanos, como los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la Segob para atender casos de tortura sexual.
Las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. La mesa realizada hoy es un primer paso en este cumplimiento.
Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos.
Ver Video:
Atenco: 12 años contra la tortura sexual
Cejil-Prodh:

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