jueves, 11 de julio de 2019

COLOMBIA: 704 líderes sociales y 137 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de “la Paz”

 Cacería de brujas y corrupción en las Fuerzas Armadas 
-Pedro Santana Rodríguez (director de la Revista Sur), 
América Latina en movimiento: 
Foto: contrainfo.com, 
11 de julio de 2019. 
La publicación   el 18 de mayo de una investigación periodística en el periódico The New York Times dio cuenta de la existencia de una directiva firmada por el comandante general del Ejército de Colombia, el general Nicasio de Jesús Martínez, en que se ordenaba a las tropas duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte el aumento de civiles en el proceso, señalaba Nicholas Casey el periodista norteamericano autor de la investigación. 
En un comienzo tanto el gobierno del presidente Iván Duque como el propio general Martínez negaron la existencia de dicha orden, pero tras su publicación no les quedó otra salida que aceptar que dicha directiva existía y anunciaron su derogatoria. 
Una directiva similar a esa se había proferido en el año 2005 firmada por el entonces ministro de la Defensa Nacional, Camilo Ospina y esta directiva dio paso al masivo asesinato de civiles a quienes se hizo pasar por integrantes de grupos subversivos. En reciente informe de la fiscalía general a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, se documentan más de 2500 casos que organismos de derechos humanos tasan en cerca de 5000 civiles ejecutados extrajudicialmente en el período de 2002 a 2010 en que ejerció la presidencia de la República el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. 
Este antecedente es el que marca la importancia de la publicación de la investigación del periodista de The New York Times. Los días siguientes a la publicación se inició una cacería dentro de las fuerzas armadas para tratar de identificar la fuente de las filtraciones a la prensa. El 22 de mayo fueron citados a la II División del Ejército con sede en la ciudad de Bucaramanga a 14 altos oficiales para interrogatorios y practica de pruebas de polígrafo que también fue denunciada al mismo tiempo en que el hecho ocurría con lo cual tuvo que ser suspendido. 
También este hecho fue negado por Martínez y por el alto gobierno. No obstante, la contundencia de las pruebas publicadas por la Revista Semana, no dejaron dudas que se había iniciado una verdadera cacería de brujas en el seno del Ejército Nacional. Pese a la gravedad de las denuncias y a las mentiras en que incurrió el general Martínez el Senado de la República con el activo apoyo del gobierno ascendió el 5 de junio a la categoría de general de 4 soles a Martínez en una votación de 64 votos afirmativos y uno negativo. Las bancadas de oposición se retiraron al momento de la votación en señal de protesta por el ascenso. 
Esa cacería de brujas no paró allí. En su más reciente edición la Revista Semana publicó pruebas en que el general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de contrainteligencia (Cacim) quien había ordenado los interrogatorios en Bucaramanga, señala que el pasado 7 de junio en el auditorio del batallón de ingenieros militares ubicado en el sector de Puente Aranda en el occidente de Bogotá: “El que me traiga quiénes son los que están filtrando  la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”. 
Tanto la filtración de la información como la posterior cacería de brujas para encontrar a los responsables de las filtraciones a la prensa, dice la Revista Semana, reflejan el ambiente interno que se vive dentro del Ejército, y que ha llegado a extremos como seguimientos y amenazas contra aquellos que entregan y reciben la información. “Todo comenzó por saber quién contó y entregó los famosos formatos para duplicar los resultados, pero el fondo de esa persecución es sobre todo para evitar que se conozcan casos de corrupción de todo tipo en los altos niveles” contó a Semana un oficial adscrito al comando del Ejército. 
Como parte de esa investigación periodística Semana obtuvo en la Fiscalía y la Procuraduría partes del acervo probatorio y evidencias que hacen parte de las investigaciones en las cuales están comprometidos altos oficiales de la actual cúpula militar. Semana publicó pruebas que comprometen en actos de corrupción al general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del Ejército a quienes varios oficiales que trabajaron bajo sus órdenes contaron a los investigadores cómo debían sacar dinero de proveedores del Ejército para entregarle a este oficial para gastos personales y viajes de su familia al exterior. Pero más graves son las denuncias contra el general Jorge Horacio Romero, actual cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral. Varios empresarios de Antioquia declararon ante los investigadores cómo el general, cuando fue comandante de la cuarta brigada en Medellín, les solicitó dinero a cambio de autorizar la expedición de salvoconductos para el porte de armas. Parte de esos salvoconductos se habrían entregado a integrantes de bandas criminales dentro de ellas a la banda criminal conocida como la Oficina de Envigado. 
Los tres altos militares llegaron a formar parte de la actual cúpula militar designada en diciembre pasado por el presidente Iván Duque Márquez pese a que las investigaciones y las pruebas y documentos se habían radicado antes ante la inspección del Ejército cuando el encargado de esa área era el propio Nicasio de Jesús Martínez, cargo que ejerció hasta diciembre pasado cuando Duque lo nombró como comandante general del Ejército de Colombia. Ante la contundencia de las denuncias la Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación disciplinaria contra los tres generales y el Gobierno Nacional llamo a calificar servicios al general Jorge Horacio Romero, envió de vacaciones al general Adelmo Fajardo y traslado a otra dependencia del Ejército al general Eduardo Quirós. 
Hay que recordar que en diciembre pasado cuando Duque nombró a la nueva Cúpula de las Fuerzas Armadas, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que en esa nueva cúpula militar había por lo menos 9 generales presuntamente comprometidos con las ejecuciones extrajudiciales dentro de los cuales menciono al general Nicasio de Jesús Martínez nombrado por Duque como comandante general del Ejército. Ninguno de los tres generales mencionados por Semana en esta investigación forma parte de esta lista que presentó Vivanco. 
Todo esto ocurre mientras no cesa el crimen de líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC en proceso de reinserción. Son 704 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de Paz y 137 excombatientes de las FARC. 
Como hemos señalado en otros textos la ineficacia de las Fuerzas Armadas y de Policía para detener esta matazón está estrechamente relacionada con los nexos que sectores importantes de las mismas mantienen con esas bandas criminales en los territorios en que ocurren la mayor parte de los asesinatos como en todo el corredor del océano pacifico colombiano, en la región del Catatumbo, en el departamento del Cauca y Antioquia que es donde se concentra la mayor parte de esos asesinatos. Una crónica periodística del diario El Espectador recientemente publicada muestra como en la región del bajo Cauca ejercen dominio militar esas bandas con la complicidad de las fuerzas del Ejército y de la Policía y precisamente es lo que ocurre en otras regiones del país. Mientras no se rompan esos nexos entre la Fuerza Pública y las bandas criminales llámense disidencias, Caparrapos, Clan del Golfo o sea grupos paramilitares y la Fuerza Pública la matazón de líderes sociales y de excombatientes de las FARC no va a parar. [i] 
Sobre los nexos entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares estos han sido comprobados en las sentencias de la Jurisdicción de Justicia y Paz. En 43 de las 51 sentencias (84.3%) que esta jurisdicción creada bajo el gobierno de Álvaro Uribe ha dictado, hasta el año 2018, se dejó constancia explicita y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación porque se encontraron nexos entre miembros del Ejército Nacional como parte de las redes de apoyo a los grupos paramilitares. A la Armada Nacional se señala de su apoyo y participación en cuatro de dichas sentencias. En 21 de las 51 Sentencias se dejó constancia explicita de señalamientos a miembros de la Policía Nacional como parte de los grupos de apoyo a los grupos paramilitares. Habría que agregar además que en estas 51 sentencias se señala a 187 empresas que habrían apoyado a los grupos paramilitares nombradas en 21 de las sentencias. [ii] 
El problema además de los nexos comprobados es que la impunidad en estos casos es superior al 90% según las propias cifras oficiales. Para avanzar en detener efectivamente la matazón que estamos viviendo es imperativo romper esos nexos lo cual pasa por una verdadera investigación para develar esos nexos. Pero también se requiere de una política pública que establezca como criterio para el ascenso dentro de las Fuerzas Armadas y de Policía del desempeño de la oficialidad en la protección efectiva de los derechos humanos en los territorios bajo su jurisdicción. Esto no da espera y el debate no solo debe cubrir la denuncia sino las acciones y la transformación de la política pública de protección de los derechos humanos.  
Bogotá julio 11 de 2019.

 Notas: 
[i] Violencia en el bajo Cauca: una subregión en la que mandan los ilegales. El Espectador, julio 10 de 2019. Disponible en:  
[ii] La Verdad en las Sentencias de Justicia y Paz. Centro Internacional de Toledo para la Paz-Colombia. Universidad Javeriana, Instituto de Salud Pública y Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bogotá, 2018. Disponible en:  

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