martes, 16 de julio de 2019

CUATRO VENADOS: Noventa comuneros viven a la intemperie, temen agresión armada

Zósimo Camacho, 
Contralínea: 
12 de julio de 2019. 
 Noventa comuneros con sus familias cumplen 40 días viviendo y durmiendo a la intemperie, con la zozobra de que en cualquier momento pueden ser objeto de una agresión armada. En plena canícula, soportan los rayos del sol y las lluvias nocturnas apenas con lonas de plástico como única protección. Alrededor de 50 menores de edad no tienen más que sufrir con sus padres el drama de ocultarse en el monte, entre la maleza y los árboles, atentos a los comandos armados que merodean por el territorio. Su comunidad, Rebollero y Río Minas, del núcleo agrario San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, fue arrasada el pasado 31 de mayo. 
Uno de los representantes de la comunidad, Galdino Reyes Hernández, asegura a Contralínea que se contaban por cientos las personas que ingresaron intempestivamente a esta comunidad binnizá en la madrugada de aquel viernes. Accionaron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: fusiles de asalto R15 y AK47 y pistolas escuadra 9 milímetros. 
Las pruebas fehacientes de que esta agresión armada ocurrió fueron dejadas por los mismos agresores. No sólo hay fotos de los cartuchos percutidos y las casas incendiadas. Tan impune se saben estos integrantes del grupo paramilitar que, para magnificar el terror causado, subieron a las redes sociales videos con las casas en llamas y se captaron ellos mismos ingresando por decenas, corriendo y disparando sus armas de fuego. Los videos siguen circulando por Facebook. 
Además, una investigación de Avispa Midia, a cargo de Ñani Pinto, documentó desde el lugar de los hechos el despojo. Testimonios y fotografías dan cuenta de la agresión armada: cientos de cartuchos percutidos, 24 casas derribadas y quemadas; troje, corrales y granjas saqueados; milpas destruidas (https://bit.ly/2LTgYzT). 
Hombres, mujeres y niños de la comunidad huyeron y se resguardaron en el monte. Desde lejos vieron cómo incendiaban sus viviendas y con trascabos destruían cada una de ellas. 
Galdino Reyes explica a Contralínea que estos 90 comuneros no han podido reconstruir sus viviendas porque los agresores regresan continuamente. Entonces los binnizá tiene que ponerse a salvo de nuevo en el monte. Es claro que la intención es que abandonen el lugar, que desistan de ocupar ese territorio… porque hay planes para esas tierras. Y son planes mineros. 
El pretexto para desalojar a los comuneros de sus tierras es un añejo conflicto agrario entre las comunidades Cuatro Venados y Cuilápam. Sin conocimiento de las asambleas respectivas ni los trabajos formales para una determinación de este tipo, los comisariados de cada una de las partes “acordaron” que Cuatro Venados entregaría un polígono de tierra a Cuilápam. Y resulta que en ese polígono se encuentra la comunidad Rebollero y Río Minas. Lo anterior, a pesar de que los 90 comuneros cuentan con las actas de posesión de la tierra. 
En el fondo del conflicto están cuatro concesiones mineras, de acuerdo con la investigación de Avispa Midia, por miles de hectáreas para la explotación de oro. Reyes Hernández dice a Contralínea que los terrenos aledaños ya están siendo lotificados por los agresores. Considera que quieren desplazar a los legítimos dueños para que esos terrenos puedan ser entregados a las mineras y a los especuladores de tierras. 
En estos momentos, los binnizá sólo han podido erigir entre el monte una carpa con lona de plástico. “No podemos andar libremente. Nos escondemos. Nos ven y nos quieren cazar”, señala Reyes Hernández. 
Explica que han tocado todas las puertas. Hasta una carta le fue entregada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siguen en el desamparo. No han recibido respuesta de ninguno de los tres niveles de gobierno. Tampoco hay defensores de derechos humanos que se les hayan acercado. 
“Necesitamos hasta psicólogo, sobre todo para los niños, pues quedaron muy afectados desde que tuvimos que huir cuando quemaron las casas”, explica. 
La comunidad está adscrita al Congreso Nacional Indígena. Resiste con la solidaridad de esta organización. 
Se trata de un caso más de los que está lleno el México rural e indígena. Que luego de una tragedia mayor -que deseamos que no ocurra-, las autoridades no se llamen a sorpresa. Están avisadas. Está claro: una comunidad está siendo cazada para que dejen sus tierras. Veremos si ya considera oportuno el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas recibir a los comuneros agredidos y si en la “cuarta transformación” hay quienes sepan prevenir una masacre anunciada hasta en las redes sociales. 

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