miércoles, 31 de julio de 2019

Denuncian intento de imponer “consulta” por el derecho al territorio en la Sierra Norte de Puebla

 DENUNCIAN ORGANIZACIONES DE LA SIERRA NORTE INTENTO DE IMPONER UNA CONSULTA EN CUETZALAN POR EL DERECHO AL TERRITORIO 
Yadira Llaven Anzures,  
La Jornada de Oriente: 
31 de julio de 2019. 
 Una decena de organizaciones nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla denunció que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob), intentó imponer la realización de una consulta el pasado 26 de julio en el municipio de Cuetzalan, acerca de la reforma al Artículo 2 Constitucional que refiere sobre el Derecho al Territorio. 
Al respecto, denunciaron que no hubo información previa referente al tema para efectuar la consulta, por lo que exigieron que el tema se redujera a un mero foro informativo.  
Incluso, calificaron de absurdo que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas planteara que en esa reunión podían tomar decisiones, pues explicaron que los pueblos indígenas lo hacen en asambleas comunitarias, en donde dialogan en su propia lengua, en los tiempos que cada comunidad define y sin presiones. 
Entre las denunciantes se encuentra el Consejo Tiyat Tlali en Defensa del Territorio, la Unión de Cooperativas Tosepan, la Organización Independiente Totonaca (OIT), la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, el Consejo Regional Totonaco en Defensa del Territorio, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino y Popular (Miocup), el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban AC, la Brigada de Defensa del Territorio Xochiteco  y la Radio Comunitaria Tzinaka. 
Asimismo, reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador cese las simulaciones y garantice el respeto a la libre determinación de los pueblos originarios. 
Demandaron que frene la agresión que padecen en la Sierra Norte de Puebla de empresas extractivas como Comexhidro, Wal-Mart, Almaden Minerals, Comisión Federal de Electricidad (CFE), TransCanada, IEnova y Granjas Carroll, que han cobrado vidas. 
En vísperas al arribo de Luis Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura de Puebla también solicitaron que actúe dentro del ámbito de su competencia para evitar la profundización de la agresión a los pueblos indígenas por los proyectos de muerte. 
En un comunicado, las organizaciones declararon que la consulta distó mucho de ser un proceso informado, incluyente, culturalmente adecuado, donde estuvo ausente un diálogo verdadero con los pueblos maseual y totonaco. 
“Estamos enfrentando en la Sierra Norte de Puebla la agresión de los proyectos muerte y, por todo ello, manifestamos nuestra inconformidad y desacuerdo con el gobierno federal por la falta de congruencia de busca incluir a los pueblos indígenas en el proceso de reforma constitucional de una manera a todas luces irrespetuosa y deficiente de llevarlo a cabo”, reclamaron. 
Precisaron que la reunión coordinada por el señor Hugo Aguilar Ortiz, representante del INPI, inició con la utilización descontextualizada y artificial de símbolos como el bastón de mando y el uso de música y vestimenta indígena como mero folclor, haciéndonos recordar los “usos y costumbres” de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRIAN). 
Afirmaron que la mayoría de los y las asistentes no tenían ninguna información previa sobre el objetivo y contenido de la consulta, por lo que consideraron ocioso insistir en que dieran propuestas para la reforma constitucional cuando ni siquiera se dio tiempo para leer el documento de Principios y Criterios para la reforma constitucional. 
 Inaceptable que se priorice el interés económico sobre los recursos naturales 
Ante esa situación, integrantes del Consejo Tiyat Tlali nahuas y totonacos dijeron que el INPI propuso en el documento Principios y Criterios para la reforma constitucional al Artículo 2, que el concepto de Derecho al Territorio mantenga la salvedad de dicha garantía en donde hay recursos estratégicos para la nación, es decir, gas, petróleo, recursos para generar energía eléctrica y nuclear, entre otros. 
“Esto nos parece inaceptable, pues actualmente ya estamos viviendo las consecuencias de la aplicación de una legislación que supedita nuestros derechos a los intereses económicos de grandes empresas extractivas y energéticas, y que ha favorecido la criminalización de defensores y defensoras del territorio”, condenaron. 
Los pueblos maseual y totonaco demandaron al gobierno federal que la iniciativa de reforma al Artículo 2 reconozca plenamente su Derecho al Territorio, pues de otra manera propiciarán que se profundice la violencia que ya se vive por el otorgamiento de concesiones mineras a la canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán. 
Precisaron que la concesión por 11 mil litros de agua por segundo al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 busca beneficiar a transnacionales como Wal-Mart, violentando los derechos del pueblo totonaco de Ahuacatlán y Tepatlán, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó denuncias penales contra hombres y mujeres indígenas por defender el territorio en Cuetzalan. 
Asimismo, exigieron justicia por los asesinatos de los defensores del agua y la tierra Antonio Esteban y Manuel Gaspar que permanecen impunes. 
“El hacer realidad el ejercicio de nuestros derechos día a día, no depende de la buena voluntad del gobierno, ni de sus simulaciones de consulta, ni siquiera de que estén plasmados en la Constitución por importante que esto sea; sino de la lucha cotidiana de miles de hombres y mujeres indígenas decididos a cuidar, defender y recrear la vida”, arguyeron. 
Informaron que a través de la organización y del ejercicio cotidiano del derecho a la libre determinación es como podrán terminar con las injusticias que viven. 
Al final, aclararon que los firmantes continuarán articulando sus luchas en la región con otras organizaciones y hermanos indígenas y mestizos en el estado y a nivel nacional, para defender la tierra, el agua, la vida y el territorio. 

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