jueves, 11 de julio de 2019

POLÍTICA NEODESARROLLISTA NEOLIBERAL DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Hegemonía financiera y neodesarrollismo subordinado en México 
José Luis Ríos Vera, 
Rebelión: 
08 de julio de 2019. 
 Muy distinto a las políticas del Estado desarrollista en las décadas de los sesenta y setenta, el neodesarrollismo mexicano de nuestros días se inscribe como un modelo de “desarrollo económico” relativamente permisible dentro del orden político y económico del neoliberalismo financierista hegemónico. 
El nuevo gobierno mexicano de “reconciliación nacional”, es decir, un orden político de representación pluriclasista, implica una coexistencia compleja, contradictoria y desigual de intereses de distintas clases y sectores sociales. 
Es necesario conocer la naturaleza viva de esta coexistencia, sus repercusiones en el Estado y en el desenvolvimiento de la economía, así como reflexionar sobre su dinámica, sus tendencias, y sus efectos en las luchas populares.  
Subordinación neodesarrollista 
Las “políticas sociales” defendidas y principalmente promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), coexisten dentro de una reingeniería presupuestal construida por la secretaría de Hacienda, acotada y subordinada a las políticas económicas (monetaria, fiscal, cambiaria) dominadas por el capital financiero local e internacional. 
El alcance de los “programas de bienestar” y de las “políticas redistributivas” está sujeto a lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 denomina -desde el inicio de su lectura- como el aseguramiento primordial de “las finanzas públicas y del sistema financiero”. 
En su Carta a los inversionistas nacionales y extranjeros (Abril/2018) [1], y a partir de ahí, en distintos informes y discursos, AMLO se ha comprometido a respetar los imperativos neoliberales del capital financiero:  
1.    Respeta la independencia del Banco de México: con ello renuncia al papel dinamizador de la economía del Banco Central y acepta que un equipo de “técnicos independientes” subordinen el crecimiento y desarrollo de la economía a los principios de “estabilización”;    
2.    Acepta los dictados de la disciplina fiscal: con el dogma del “equilibrio fiscal” AMLO renuncia a utilizar un poderoso instrumento de apalancamiento y expansión económica supeditando el crecimiento económico; 
3.    Avala la ortodoxia de la política monetaria: respetando las “metas inflacionarias” reproduce las elevadas ganancias de la fracción financiera mediante altas tasas de interés. [2] 
Sometidas las finanzas públicas a la ortodoxia financierista neoliberal, y renunciando a una Reforma Hacendaria progresiva que establezca impuestos a quien más tiene, AMLO estrecha sus márgenes de intervención y recurre al “combate a la corrupción” y a la “austeridad republicana” como “nuevas políticas económicas” para financiar y generar el “desarrollo”. En este sentido, la raíz de la austeridad se encuentra en el marco incólume y dominante de la hegemonía neoliberal, reconocida desde su Carta a los inversionistas. 
Ahora bien, no obstante, el predominio de los intereses de las fracciones dominantes, un gobierno de “unidad nacional” puede caracterizarse por una relación conciliatoria y al mismo tiempo contradictoria con las fracciones políticas y económicas del gran capital. 
Neodesarrollismo: Convergencia y contradicciones 
En el proyecto neodesarrollista y de conciliación de clases, además de una convergencia con las fracciones dominantes (que expusimos en un artículo anterior [3]), pueden presentarse –y se presentan– fuertes disputas y divergencias entre éstas y el Estado neodesarrollista. 
Disputas y tensiones 
Existen tensiones entre el neodesarrollismo que defiende el papel del Estado en la regulación de la economía, su papel de “promotor del desarrollo”, la construcción de un nuevo andamiaje institucional para este efecto, el papel estatal en la soberanía energética, la “justicia social”, etc., frente al neoliberalismo ortodoxo que postula a sangre y fuego el adelgazamiento estatal, organismos “autónomos”, y la libertad de mercado como principio de “racionalización” social. 
En este cuadro, es notorio el descrédito de la oligarquía a los “programas sociales” del nuevo gobierno, ya que considera que un mayor “gasto social” debilita la “inversión pública” (productiva) e inhibe el crecimiento económico. [4] Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los recursos orientados a los “programas sociales” muestran “un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos”, por lo que demanda una austeridad “racional” y “estratégica”. [5] 
Asimismo, dentro de estas contradicciones, se entienden las evaluaciones negativas de las calificadoras internacionales, verdaderas personificaciones del capital financiero. 
A principios de junio, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda de Pemex y CFE, así como de la deuda del Estado mexicano. [6] En su análisis, arguyen sobre el deterioro del marco crediticio de Pemex, el carácter “insuficiente” de su inversión en su actividad principal que “podría llevar a una mayor caída de la producción y disminución de las reservas”. Ante la situación que asumen de Pemex, sostienen que existen “riesgos” para las finanzas públicas, los cuales profundizan la debilidad macroeconómica, todo lo cual, según las calificadoras, presiona hacia un recorte en la calificación soberana de México. 
A todas luces, el gran capital local e internacional es contrario a los proyectos de capitalización de Pemex, a los planes de incremento de su capacidad de producción y refinación, al fortalecimiento de CFE, en suma, de soberanía energética. Distintas fracciones del capital, y el capital financiero por delante, tienen enormes intereses en la riqueza energética de México. De ahí que rechacen que el gobierno intervenga y amenace la “autonomía” de órganos reguladores, tales como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Los grandes capitales asumen como prácticas que “dinamitan la certidumbre de los inversionistas”, los siguientes actos del gobierno:  
1) sometió a revisión los contratos de participación privada originados con la Reforma Energética;  
2) procedió –hasta ahora– a la cancelación de procesos de licitación para empresas privadas principalmente de gas programadas para octubre de este año –farmouts–;  
3) puso fin –hasta ahora– a la creación de nuevas subastas eléctricas y petroleras;  
4) Pemex declaró la suspensión de proyectos de inversión en aguas profundas, priorizando los trabajos en aguas someras y proyectos en tierra para este sexenio;  
5) el ejecutivo canceló el permiso de la CNH para el uso del fracking en el campo de Humapa. 
Más recientemente, los grandes capitales de la mano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber), y de la embajada de Canadá, han rechazado que el gobierno lleve a tribunales internacionales a la empresa Ienova (de Sempra Energy), Carso Energy –Grupo Carso–, TC Energy Trans Canadá, y Fermaca grupo Carso, por las “cláusulas abusivas” derivadas de “contratos leoninos” que el gobierno anterior estableció con dichas empresas para la construcción de gasoductos, como el de Texas-Tuxpan (800 km.), y el que atraviesa de Samalayuca (Chihuahua) a Sásabe (Sonora), con una extensión de 650 km., entre otros. 
El papel de las Calificadoras y el “terrorismo económico”     
Las tensiones son de tal magnitud, que vemos la permanente vigilancia y presión de las calificadoras internacionales y grupos empresariales para encauzar y disciplinar las políticas del actual gobierno. En terrenos fundamentales como los expuestos al inicio de este artículo, el capital financiero ha subordinado al Estado neodesarrollista. En otros terrenos, como en la política energética, el Estado busca actuar dentro de ciertos márgenes de maniobra. 
Uno de los principales instrumentos de fuerza de que dispone el poder financiero es el “terrorismo económico” y el “chantaje catastrofista”. Estos amenazan con la pérdida de la calificación crediticia de las empresas del Estado (Pemex, CFE) o del endeudamiento público y externo, esto es, la deuda soberana del Estado. 
El “costo económico” de la degradación de la nota crediticia de la deuda soberana residiría en la elevación del endeudamiento, la salida de capitales del país, devaluación de la moneda, quema de reservas internacionales, cierre de empresas, aumento de la desocupación, etcétera. Un país periférico con la mayor vulnerabilidad y dependencia externa está a merced del poder financiero transnacional. 
Como se evidenció con las amenazas de Trump de imponer cuotas arancelarias a las exportaciones “de México”, que hizo capitular la política migratoria del Estado mexicano, el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación tiene sobre sí la espada de Damocles de la finanza internacional, la cual, permanentemente busca su disciplinamiento ante cualquier movimiento que ponga en riesgo la “estabilidad financiera”. Es esta la siniestra dinámica del capital financiero internacional. 
Ante ello, la pregunta es: ¿existen garantías locales o globales que aseguren la estabilidad económica? ¿Es posible contar con garantías contra la fuga de capitales? Si no existen tales garantías, ¿por qué el gobierno acepta el chantaje financierista? 
La subordinación al poder financiero explica la abdicación del gobierno de “reconciliación nacional” respecto al trípode hegemónico neoliberal (fiscal, monetario, cambiario) e incluso en materia hacendaria, lo cual ha llevado a que el FMI, bancos comerciales y de inversión, celebren al nuevo gobierno por la “moderación” y “responsabilidad” del presupuesto público de 2019. 
Cabe subrayar que desde la campaña electoral con su coalición “Juntos Haremos Historia”, AMLO se comprometió a respetar los compromisos suscritos por él y su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con el poder financiero. 
Compromisos y límites para el bienestar 
Además de la “disciplina fiscal” y los “equilibrios macroeconómicos”, los compromisos abarcan la estabilidad del endeudamiento público, la sumisión acrítica e incuestionable del saldo histórico de la deuda pública, y por consecuencia, del costo financiero de este endeudamiento (que incluye pago de intereses, comisiones, amortizaciones), y las metas del superávit primario, compromisos que en conjunto representan sólidas limitantes para el establecimiento de un Estado social de bienestar. 
Es por ello el mayor énfasis puesto por AMLO a los “mecanismos de ahorro” y “financiamiento del gasto”, como son, el “combate a la corrupción” y la “austeridad republicana”. Esta última, lejos de limitarse a la llamada esfera dorada de la burocracia, impacta con fuerza en los trabajadores del servicio público del Estado, en su mayor parte en los trabajadores precarizados, sin organización sindical, y de la base de la estructura salarial (médicos, profesores, administrativos, artistas, etc.). En este cuadro de austeridad, agudizado en el contexto actual de desaceleración económica y ajuste, se intensifica su repercusión en el deterioro de los servicios esenciales del Estado (salud, educación, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, deporte, etc.,) que reproducen la penuria social legada por el neoliberalismo, y que acrecienta las manifestaciones de rechazo. 
La oligarquía financiera subordina la política social 
Los 18 proyectos sociales prioritarios del gobierno (entre los que destacan, Pensiones para Adultos Mayores, Tren Maya, Corredor Transístmico, Sembrando vida, Caminos rurales y modernización de Infraestructura, Universidades para el Bienestar, Internet para todos, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc.), representan según datos de la secretaría de Hacienda, el 1% del PIB (equivalente a 251 mil millones de pesos) [7]. En contraste, el pago por el costo financiero de la deuda pública cubre el 3% del PIB, y es equivalente a poco más de 749 mil millones de pesos (mmp) en 2019. (Ibid, p. 132)   
Si consideramos el superávit primario, que representa la diferencia entre los gastos del gobierno respecto a sus ingresos (sin considerar el pago de la deuda), el cual es transferido al pago de la deuda pública, asciende en este año al 1% del PIB, equivalente a poco más de 240 mmp (Ibid, p. 132). Tan solo este superávit primario –otra raíz de la austeridad–, es equivalente a los programas sociales prioritarios de AMLO. 
Al sumar el costo financiero y superávit primario (2019) y contrastarlo en relación a los programa +s sociales prioritarios, la proporción es de 4 a 1. Un billón de pesos que se transfiere a la oligarquía financiera frente a 251 mmp en los programas de desarrollo social en el año de 2019. La oligarquía financiera subordina la política social de bienestar. 
Al considerar solo el presupuesto de 2019 aprobado para Cultura, equivalente a $12 mil 894 millones de pesos, vemos que éste representa el 5% del superávit primario que el gobierno mexicano se comprometió a transferir a la esfera financiera. Si contrastamos el presupuesto de Cultura con el costo financiero del endeudamiento público en 2019, vemos que éste último representa más de 50 veces el presupuesto destinado al desarrollo de Cultura de la sociedad mexicana. 
Como puede observarse, dada la hegemonía neoliberal en el orden de “las finanzas públicas y del sistema financiero”, son manifiestas las limitaciones en las políticas redistributivas y de bienestar promovidas por el gobierno dirigido por AMLO. Más que un modelo posneoliberal, lo que tenemos es un bienestarismo neoliberal. 
Las tendencias del bienestarismo neoliberal bajo la hegemonía financiera  
Son de gran significación las críticas y cuestionamientos al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación dada sus limitaciones respecto a la doctrina neoliberal y el poder financiero local e internacional, los cuales repercuten en la restricción del bienestar social. 
De acuerdo con las “perspectivas económicas y fiscales de mediano plazo” elaboradas por la propia Secretaría de Hacienda dirigida por Carlos Urzúa, un hombre comprometido con el sistema financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación estima mantener para el periodo 2020-2024, una transferencia de riqueza (en promedio anual) hacia la oligarquía financiera por concepto de costo financiero, el 3% del PIB, y por concepto de superávit primario, el 1% del PIB [8]. Se trata de exorbitantes montos de riqueza muy cercanos a los de 2019. Esto es, en conjunto suman alrededor de ¡un billón de pesos anuales! ¿A título de quién acepta el nuevo gobierno estas transferencias que atentan contra la nación? 
En este orden, si sumamos las transferencias estimadas para el conjunto del sexenio de la Cuarta Transformación, tenemos una transferencia programada de alrededor de 6 billones de pesos, ¡más de un Presupuesto Público de la Federación para la economía improductiva! 
Llama la atención que el gobierno anterior que elevó el endeudamiento público cerca del 100% (más de 5 billones de pesos sin contrapartida en el crecimiento económico), solo en el año de 2017 y 2018 realizó superávit primario (1.4% y 0.6%, respectivamente). Además de que estableció un costo financiero mayor al sexenio de Felipe Calderón y mucho menor al programado por el nuevo gobierno. Son evidentes los compromisos del nuevo gobierno con la disciplina fiscal y financiera. 
Como resultado, tenemos que el saldo histórico de los requerimientos del sector público en 2019 equivale al 45.3% del PIB, y se estima para el año 2024 en 44.9% del PIB (Ibid. p. 106). Se entregaría más del 100% del Presupuesto Púbico (por ejemplo, el relativo al año 2019) en el sexenio, y se reducen solo cuatro décimas. ¡Es la dinámica del imperialismo financiero! 
De acuerdo con estas tendencias, es fundamental cuestionar la naturaleza del endeudamiento público, su carácter antisocial, monopólico, corrupto e ilegítimo. Desde la socialización de las pérdidas de los bancos (Fobaproa/IPAB), hasta las prácticas monopólicas en que incurren intermediarios financieros con bonos que emite el Estado [9], el nulo beneficio social y ambiental por el endeudamiento, entre otras muy distintas razones y argumentos, puede y debe ponerse en cuestionamiento el pago de las deudas heredadas por el “viejo régimen”. 
Así como se ha llevado a arbitraje internacional cuestionándose los contratos “leoninos” en megaproyectos como los gasoductos, o se ha optado por la revisión de los contratos de inversión originados con la reforma energética, es de vital trascendencia demandar auditorías transparentes sobre el histórico endeudamiento público, e impugnar su pago en las partes y segmentos que requieran ser objetados. 
Como señala el especialista en el problema de la Deuda y el sistema financiero, Eric Toussaint, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas ilegítimas (CADTM), la historia de México encierra una rica historia de impago. Benito Juárez, V. Carranza, A. Obregón, reclamando las facultades soberanas de la nación, impugnaron en su momento el pago de las deudas ilegítimas. Y más recientemente, Argentina (2001) y Ecuador (2007), en ejercicio de su soberanía, rechazaron el pago de las deudas ilegales. Contrario a las bravatas catastrofistas de “caos económico” e “inestabilidad financiera”, el resultado de estas experiencias fue la recuperación económica, el crecimiento sostenido del PIB, la creación de empleo, y la mejora de los indicadores sociales. [10] 
El endeudamiento ilegítimo y su costo financiero socava el bienestar y reproduce el subdesarrollo. Las transferencias de riqueza hacia oligarquías locales y extranjeras acentúan la desigualdad y agravan la dependencia y vulnerabilidad respecto al exterior. Con la subordinación financierista, la economía mexicana agudiza los procesos de desacumulación consustanciales a la incesante dialéctica del capitalismo mundial que opera de modo estructural profundizando el divorcio entre el mundo subdesarrollado-dependiente y los países centrales-desarrollados. 
El cuestionamiento del endeudamiento público, de las transferencias de valor y de los dictados del capital financiero, aún no emergen en la Cuarta Transformación. 
 Notas: 
[1] Léase la Carta:  
[2] Ver, “AMLO, la deuda pública y el imperialismo financiero”, 29/05/2019,  
[3] Ver nuestro artículo,Neodesarrollismo y reproducción ampliada de la dependencia”, 6/6/2019,  
[4] Susana González G., “Critican empresarios que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto social”, La Jornada, 24/6/2019. 
[5] “Austeridad sí, pero racional”, 29/05/2019.  
[6] El Financiero, 6/6/2019,  
[7] Secretaría de Hacienda: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019,  
[8] Estimado del Costo financiero (2020-2024) respecto al PIB: Año 2020 (3%); 2021 (2.8%); 2022 (2.8%); 2023 (2.7%); 2024 (2.7%). Estimado del superávit primario respecto al PIB: Año 2020 (1.1%); 2021 (1.1%); 2022 (1.1%); 2023 (0.9%); 2024 (0.9%). Ibid, p. 106. 
[9] En abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de una investigación “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”, esto es, la colusión entre intermediarios bancarios para manipular el mercado de bonos cuyas operaciones son de alrededor de 100 mil millones de pesos diarios y por tanto, repercuten en graves daños al erario público. Los intermediarios financieros investigados son: Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co, HSBC Holdings Pie, Barclays Pie, Citigroup lnc y Bank of America Corp, e involucra todos los instrumentos emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, el IPAB, la banca de desarrollo, Pemex y CFE. Ver la “Proposición” por la que se exhorta a la COFECE, a informar al Senado sobre la investigación,  
[10] Sobre esto véase la entrevista (completa) a Eric Toussaint, 4/10/2018:  

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