domingo, 4 de agosto de 2019

Morena+AMLO+Guardia Nacional+Ley Garrote+pentecostales=El fascismo que asoma

 El ejército y la marina en las calles con la llamada “Guardia Nacional” 
Periódico Clandestino Madera: 
02  de agosto de 2019. 
Cuando se hizo imposible llevar a cabo la fascista Ley de Seguridad Interior apoyada por PRI, PAN, VERDE, PANAL y PRD, la sociedad civil y los movimientos sociales salieron a protestar por el intento de militarizar el país, ya que como afirmaba Amnistía Internacional: 
"prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rindan cuentas". 
Fracasado el intento y ante el desgaste y crisis de las partidocracias, se buscó otra manera de legalizar a las fuerzas militares de forma permanente en las calles. Entonces aparece en la escena un partido joven, fresco, con tintes guadalupanos, místicos y corporativos (*) que cuajaba bien a la perfección para hacer de él, un nuevo producto en el mercado partidario para las mafias del poder y los poderes fácticos. 
Así, se constituyó aquella alianza de sectas pentecostales, grupos de ultraderecha, políticos parásitos que brincaban de un partido a otro, caciques, partidos en decadencia como el PT, las Redes Sociales Progresistas y su aparato de mapachería electoral y la entrada del Partido Verde a la alianza que le daría el poder a otro nuevo cártel integrado por la parasitocracia política que controla el poder estatal en México: Morena. 
Con esos aires de hombre puro, casto, incorruptible fue que, al momento en que López Obrador tuvo el poder en sus manos, se dio a la tarea de claudicar de sus promesas de campaña, pues ya para estas fechas se asumía como un “político colmilludo” o sea que no era nada pendejo. 
Con todo el poder aplanadora en sus manos, López Obrador logró que pasara en las dos cámaras la constitucionalización del ejército y la marina en las calles con la llamada “Guardia Nacional” de la República Amorosa. 
Hizo tratos con Jaime Bonilla para ensayar la ampliación de poderes más allá de lo que marcan la constitución y las elecciones al ampliar de dos a cinco años el apoltronamiento del republicano por medio del voto a mano alzada en la cámara diputados de Baja California y con un cañonazo de un millón de dólares a cada uno de los “representantes populares”. 
La “Ley del Garrote”, si al difunto exgober poblano se le fueron a la yugular por legalizar el uso de armas de fuego en las manifestaciones (“Ley Bala”). En Tabasco donde todo es un edén, la aplanadora de Morena logró que pasara dicha ley, la cual busca establecer penas de 6 a 13 años de cárcel a quienes impidan trabajos y obras públicas, y de 1 a 8 años a quien obstaculice vías de comunicación. 
Con estos tres entuertos López Obrador y Morena han sentado ya las bases de las alianzas con los poderes fácticos: El ejército, la marina, los grupos paramilitares, la mafia del poder y los grupos de derecha y ultraderecha para dar continuidad al Plan Mérida-Plan Puebla Panamá con otros nombres y para terminar de implementar los megaproyectos de muerte que no pudieron en su momento ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto. López Obrador constituye, sí, la cuarta transformación de los proyectos de muerte en su máxima expresión. Y todo aquel que se oponga será: reprimido, ejecutado, desaparecido o desplazado depende las órdenes del gran capital. No en balde los mas de 18 defensores ambientales y de derechos humanos ejecutados en el sexenio del Ganso. 
Anexo 1: Los apóstoles de la nación y los cuadros asalariados de la ex izquierda que milita en Morena. Estos pobres sujetos tienen más necesidad de sostenerse en la chamba que armar una rebelión contra la fascistización de Morena. 
Anexo 2: Los movimientos sociales tienen, tenemos, la imperiosa tarea de ahondar en los procesos organizativos de base, la creación de frentes y coordinadoras regionales de lucha, la organización de la defensa comunitaria para de forma organizada detener a la nueva mafia que se ha impuesto en el poder. 
 ¿Anexo 3? 
(*) Lo que sigue es a manera de nota por la referencia alusiva al PES 
Doroteo Arango, 
La Voz del Anáhuac. 
03 de agosto de 2019. 
(*) Se refiere al Partido Encuentro Social, partido con posiciones de derecha, homofóbicas, vinculado a grupos religiosos (pentecostales: La Luz del Mundo). Los abogados del Centro de Investigación de Docencias Económicas (CIDE) que defendieron a los paramilitares causantes de la masacre de Acteal, son integrantes de este partido. 
Luis Hernández Navarro escribió en 2007: 
...En el proyecto de rescribir la historia de la matanza de Acteal, Hugo Eric Flores Cervantes tiene un lugar destacado. Voz de la defensa de los inculpados en la masacre, pastor evangélico, profesor de la División de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dirigente de la asociación política nacional Encuentro Social, aliado electoral (entonces) de Felipe Calderón (y ahora es aliado de López Obrador), es autor de un texto clave, aunque inédito: “El otro Acteal” ... 
...Encuentro Social es una asociación política nacional que tiene influencia entre diversas denominaciones e iglesias evangélicas: pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, metodistas y presbiterianos. Afirma tener presencia en 30 estados y más de 180 mil afiliados. Su dirigente es el pastor Hugo Eric Flores, integrante de un grupo neoevangélico muy cercano a la Teología de la Prosperidad. En septiembre de 2004 anunció su intención de formar un partido político, proyecto no compartido por muchos protestantes. 
Recordemos también que el CIDE argumentó en defensa de los paramilitares presos que no se les respetó el derecho al debido proceso, que carecieron de traductores, pero no aportó ninguna prueba de inocencia, además ya habían confesado su participación en los hechos de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, y algunos de ellos ya habían sido condenados a penas de 24 años de prisión. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió amparo a los paramilitares porque no se les siguió el debido proceso: 
"Lo que se determina es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale a un pronunciamiento sobre si son o no inocentes" 
El amparo sirvió para garantizar la impunidad. Asesinos confesos quedaron libres y regresaron a Chenalhó, donde nuevamente se vive un clima de violencia: desplazamientos forzados, agresiones, amenazas, ataques armados a Santa Marta, Chalchihuitán, Ejido Puebla... 
No hay que olvidar tampoco que la actual secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, era entonces ministra de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es responsable también de la impunidad impuesta por el “máximo tribunal”. ¿Qué entienden por “justicia” estos ministros?, cuando ponen las “fallas al debido proceso”, por encima del derecho a la vida, del que fueron privadas de manera violenta, artera, criminal, 49 tzotziles: 16 menores de edad, 20 mujeres (algunas de ellas embarazadas), 9 hombres y 4 bebés no natos, arrancados de los vientres maternos a punta de machete. 
La respuesta pública por parte de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha sido muy clara, como ejemplo reproducimos aquí un fragmento de un comunicado emitido en agosto de 2015 
Desde el año 2009 cuando se inició la excarcelación masiva de los paramilitares, desde ese momento les dijimos a los ministros que son una “Suprema Corte de Ricos y Criminales”. Porque abonan a los actos de impunidad, en todo momento les citamos sus errores en la justicia y ante el caso de Acteal, pero hasta el año pasado un 19 de abril, en un comunicado nuestro, les dijimos que han perdido su dignidad y legitimidad y que, si querían recuperarlos, era presentar su renuncia, porque al liberar a asesinos de mujeres embarazadas, niñas y niños y hombres, todos inocentes y además pacifistas, es una infamia. Desde ese entonces, quedó marcado en nuestra memoria y en la memoria del pueblo de México que representan impunidad por estar al servicio del Narco-Estado y del dinero. 
Los dizque ministros, sólo se ocuparon en la revisión de las “irregularidades” en el debido proceso, fue meramente de legalidad y no de justicia. Cuando tocaba era de volver a hacer las investigaciones desde los hechos previos de la masacre de Acteal y hasta lo que pasó realmente el 22 de diciembre de 1997. Porque la masacre de Acteal, no se dio de la noche a la mañana, sino, estuvimos denunciando 7 meses antes que había un grupo paramilitar entrenados por el ejército y financiados por el gobierno federal. 
En muchas denuncias públicas, muchos periodistas locales y nacionales reportaron y documentaron que en el municipio de Chenalhó operaba un grupo armado, que mismo se decía era del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del partido Frente Cardenista (FC), liderado por Manuel Ansaldo Meneses y su esposa Juana García Palomares y este grupo armado paramilitar estaba respaldado por el Ayuntamiento de Chenalhó encabezado por el edil Jacinto Arias Cruz y el Ayuntamiento de Chenalhó tenía el respaldo del gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por Julio César Ruiz Ferro y el gobierno del Estado de Chiapas, estaba respaldado por el gobierno federal, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Entonces la verdad de la masacre de Acteal, se dio bajo el contexto de una guerra de contrainsurgencia, en el marco de la Campaña Plan Chiapas 94, bajo el mando del Gral. Mario Renán Castillo, comandante de la Séptima Región Militar con cuartel en Rancho Nuevo, Chiapas. 
Si los dizque ministros de la “Suprema Corte de Ricos y Criminales”, hubieran tenido algo de voluntad y un mínimo de dignidad, no nada más hubieron revisado las irregularidades que se cometió en el debido proceso de los autores materiales de la masacre de Acteal, sino, tomar en cuenta nuestros testimonios y tomar en cuenta de fondo el contexto que acabamos de exponer en el que se cometió dicha masacre. 
La excarcelación de los paramilitares es parte de la estrategia del mal gobierno ahora encabezado por Enrique Peña Nieto, pero no se termina aquí la búsqueda de justicia, porque nosotros y nosotras buscamos pensamos de otra manera de hacer justicia. Siempre hemos dicho que la sangre derramada en Acteal, no se vende. Y buscamos que ya no se repitan más masacres, porque el Estado nunca pudo garantizar la no repetición de hechos como el de Acteal. Y con su decisión, no vamos a echarnos para atrás, sino que al contrario crece más nuestra indignación y seguiremos transformando esa indignación en una lucha digna, como siempre lo hemos venido haciendo. 

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