jueves, 26 de septiembre de 2019

AYOTZINAPA: A 5 AÑOS (Suplemento de Praxis en América Latina, septiembre de 2019).

Durante cinco largos y dolorosos años, las madres y padres de Ayotzinapa han buscado con determinación y dignidad a sus hijos, los 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos desaparecidos de las calles de Ayotzinapa, exigiendo su regreso.
Han demandado siempre la historia verdadera, no la “verdad histórica” fabricada por el gobierno de Peña Nieto. Han exigido plena justicia, incluyendo el encarcelamiento de todos aquellos involucrados en el horrendo crimen de Ayotzinapa y en su continuo encubrimiento.
Los familiares de Ayotzinapa y los normalistas -jóvenes hombres y mujeres de varias escuelas normales que a menudo los han acompañado- nos han tocado a todos nosotros aquí en México. Con su exigencia “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, las madres y padres han sacado a las calles a cientos de miles de personas en solidaridad.
Esta solidaridad es un reconocimiento de que la desaparición de los 43 jóvenes no fue sólo un horrendo acto aislado por parte de narcotraficantes, sino que fue perpetrado con el pleno respaldo y conocimiento de funcionarios de gobierno en varios niveles, el ejército y quién sabe quién más (no sabemos aún la amplitud de la conspiración y el encubrimiento que han estado teniendo lugar durante estos cinco largos años).
Más bien, ha habido una creciente toma de conciencia sobre la podredumbre, la impunidad, la corrupción y la criminalidad que han caracterizado a la sociedad mexicana por décadas. Es precisamente esta situación la que hizo posible tanto la desaparición de los 43 estudiantes -¡y de decenas (¿cientos?) de miles de otras desapariciones forzadas!- como el fracaso por resolver éste y otros crímenes horrendos.
El rechazo a los partidos Revolucionario Institucional/Acción Nacional, etcétera, en la última elección muestra que buena parte de México estuvo y está exigiendo “¡Ya basta!” a esta terrible versión de nuestra realidad.
¿En dónde estamos hoy exactamente? Sólo dos semanas antes de este quinto aniversario, ¡un juez ha liberado a 24 policías que habían sido encarcelados debido a su posible involucramiento en los sucesos de Ayotzinapa! Esto ocurrió después de la liberación de El Gil, un líder del narco sospechoso de estar implicado de la desaparición de los 43 normalistas.
Es cierto que durante estos cinco largos años el gobierno federal, así como el estatal y local, han malogrado (¿intencionalmente?) la investigación, con decenas y decenas de arrestos a menudo acompañados de tortura descarada para obtener “confesiones”.
Antes, el gobierno de Peña Nieto había bloqueado la continuidad del trabajo del grupo de expertos de Argentina, el cual había hechos valiosas contribuciones para una auténtica investigación sobre la desaparición de los 43.
¿Cómo podemos saber algo que se acerque a la verdad cuando jueces, el procurador general, el ejército, los fiscales y los funcionarios estatales y locales -tal vez todos ellos “amigos” de las bandas del narcotráfico- están intentando empantanar la investigación?
Es verdad que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo una fuerte declaración atacando la “miseria” de la justicia aquí en México: Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad [… N]o imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos, lo que nos obliga a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia, para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño, y las medidas de no repetición de los hechos (“Huele a podrido...” La Jornada, 17 de septiembre de 2019, p. 11).
¿Pero qué poder real tiene Encinas para transformar la situación? O, para el caso, ¿puede el “combate a la corrupción” de López Obrador cambiar algo fundamental? La enfermedad aquí en México es mucho más grave que lo que la frase sobre la “miseria” de la justicia, o para el caso las elecciones políticas, pueden curar.
Se necesita una transformación mucho más profunda de nuestra sociedad. Una solución emancipadora. La respuesta no está en ninguna “solución política”, o incluso en nuevos arrestos. Por supuesto, la verdad sobre Ayotzinapa debe ser perseguida y aquellos culpables no sólo del crimen, sino de los encubrimientos y evasivas, deben ser castigados.
No obstante, una solución emancipadora debe comenzar con la conciencia de lo que las madres y padres de Ayotzinapa nos han enseñado. Su negación a ser “comprados”, su insistencia en continuar con la búsqueda de sus hijos, exigiendo la plena verdad y obteniendo justicia, nos ponen en el rumbo del tipo de cambio requerido: una profunda transformación social.
Implícito en las demandas de los padres y madres sobre el retorno de sus 43 hijos hay un reto para todos nosotros: el desafío de lograr una transformación social de raíz que acabe de una vez y para siempre con toda la impunidad, la corrupción y la podredumbre. Implícita en su movilización permanente está la búsqueda de un nuevo comienzo humano aquí en México.
¿Podemos hacer explícito lo que ha estado implícito en las exigencias permanentes de las madres y padres de Ayotzinapa por respuestas y por justicia: la explícita, concreta necesidad de una transformación social en permanencia, una revolución permanente que eche por tierra la vieja sociedad e inicie la construcción de una nueva sobre principios verdaderamente humanos?
Éste es el reto que tenemos ante nosotros.

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