jueves, 5 de septiembre de 2019

TENEMOS DERECHO A DEFENDERNOS: NO LO HARÁN QUIENES DICEN “CUIDANOS”

 La libertad de defendernos 
Publicado en Comunera 44: 
agosto de 2019.
La impunidad de todas las violencias contra nuestros pueblos es la verdadera provocación a la respuesta popular, libre, consciente y organizada por defendernos. 
La violencia (guerra) contra la juventud, las mujeres, los pueblos originarios, la que se aplica en el trabajo, en los barrios, en el transporte, en las fronteras y caminos, no tiene más control que el de un registro incierto del número de muertos, levantados, desaparecidos, desplazados, personas encarceladas sin deberla en comparación con los crímenes de racistas, explotadores, saqueadores, depredadores y narco-paramilitares al servicio de las empresas de capital y de los poderes políticos a todos los niveles. 
Está demostrado en México y el mundo que la violencia del Estado y las empresas se convierte en una ola de agresión social planificada contra el pueblo, que hace del terror, del shock o pánico una forma de pacificación y dominio que beneficia al proyecto de ganancias extraordinarias de las empresas y a la destrucción de los territorios y espacios de vida. 
Las comunidades y organizaciones que construían una vida cotidiana basada en el trabajo y la cooperación, ven quebrar su tejido social solidario, ven diluirse su cultura de ayuda mutua, ven cómo se impone el individualismo, la corrupción y la violencia entre pares, ese “quítate tú para ponerme yo”. 
Pero en esas mismas comunidades, barrios, escuelas, centros de trabajo surgen comunidades de lucha, espacios de otras culturas de convivencia, crece el pensamiento propio y crítico, y se rebelan mujeres y jóvenes como lo hacen los pueblos originarios, con seres libres que resisten y se rebelan, que ya no aguantan las violencias, las mentiras y los controles de la ley y los poderes estatalizados que perpetúan la impunidad de los criminales. 
En el México de 2019, un gobierno federal que se dijo dispuesto a controlar “al tigre”  (el pueblo humillado) dispuesto a saltar, el “México Bronco” que quiere hacerse justicia por su propia mano, está cumpliendo su plan de pacificación con propuestas que no van a las raíces de la violencia como tanto se declara en discursos desde el Estado, sino que crean una madeja  de instituciones para canalizar y controlar el supuesto rencor y el verdadero coraje popular de las víctimas de la violencia y la injusticia. Son instituciones de control en las calles y caminos, a cargo de la guardia nacional militarizada, sin que por ello caigan los miembros de las bandas paramilitares, sin que se detengan las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas, los feminicidios, ni la trata y tráfico de personas. 
A la vez, se maquilla la acción contra la violencia con campañas mediáticas que alaban los protocolos y la capacitación en derechos humanos y “de género” a las fuerzas policiacas y militares, y se dice que los programas sociales, como los dirigidos a jóvenes sin empleo o con dificultades para seguir sus estudios, son para que esas y esos jóvenes no se violenten y no “caigan en las redes del crimen”. En tanto, los grandes grupos de la narcopolítica, los saqueadores mineros, banqueros y transnacionales, no han sido “controlados” por este gobierno. De no ser la obligada campaña contra huachicoleros, urgida por el saqueo de empresas quebradas -como Pemex, CFE, sector salud, etc.- por la privatización y la corrupción capitalistas, las violencias continúan impunes. La militarización y los jueces van contra los de abajo, los programas de limosnas no resuelven la inseguridad que ha creado un miedo ambiente entre nacionales y migrantes. 
Cuando se observa la diversa respuesta popular y comunitaria a las violencias -si bien, dispersa y cargada de diferencias, desconfianzas y hasta conflictos-, se encuentra otro camino que abre el pueblo que se organiza para defendernos en colectivo y para perder el miedo personal y común. Ante el despojo con los proyectos del capital en mineras, hidroeléctricas, eólicas, carreteras, aeropuertos, trenes y zonas económicas de beneficio para los grandes capitalistas, crece un constante trabajo comunitario y popular que busca información, la difunde, se auto consulta para tomar decisiones y organiza la protección en su territorio, interponiendo recursos legales, técnica, cultural y socialmente sustentados y actuando con movilizaciones organizadas para que crezca su fuerza, uniéndose en redes, teniendo encuentros para compartir experiencias, estrategias y la solidaridad con comunidades, colectivos, organizaciones o personas amenazadas, presas, desplazadas o asesinadas por resistir y rebelarse. 
Las familias de las víctimas de desaparición forzada siguen por su cuenta el ejemplo de madres y padres de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado en septiembre de 2014, exigen justicia luchando por ella. Son ejemplares los colectivos que, en Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Guerrero buscan a sus hijos e hijas, descubren la mayor parte de las fosas clandestinas y atroces almacenes de cadáveres que los gobiernos ocultaban. Han denunciado las falsedades y burocracia de las fiscalías, ministerios públicos y enfrentan cara a cara a los altos funcionarios. No se revictimizan, cada dato es compartido, su solidaridad es alivio para el dolor y es coraje frente al miedo. Por igual, los grupos defensores de derechos de periodistas, luchadores, sociales, migrantes, mujeres y de la diversidad sexual y de generaciones construyen una cultura contra la impunidad, el ocultamiento y el engaño y, contra la militarización que sirve para los meganegocios del capital. 
Han sido estas acciones las que han requerido de crear guardias, rondas y policías comunitarias, cada vez en más regiones del país, la mayoría por pueblos originarios y campesinos con ancestral decisión de defenderse por decisión de sus asambleas. Al pueblo organizado no le interesa armarse para violentar, sino para obtener una paz construida por ellos mismos para el bien común, para la defensa fraterna de lo propio. 
En contra corriente hay un intento de imponer formas legales e ilegales de delegar en policías y militares victimarios y ministerios y jueces corruptos, la defensa contra los grupos delincuenciales y paramilitares que el propio poder local o nacional alienta u organiza para desarticular las resistencias a sus proyectos. Vivimos una ofensiva contra las policías comunitarias con leyes para anular su independencia y autonomía del Estado y de los partidos. Quieren convertirlas, como a la CRAC PC en Guerrero, en apéndices de la Guardia Nacional, se crean además falsos grupos de “autodefensa” que los gobernadores o los cárteles infiltran para controlar los territorios. Y se utiliza la provocación para que estallen poblaciones y localidades a “hacerse justicia” bajo formas cruentas como linchamientos o ejecuciones que se difunden de inmediato para escandalizar a las mayorías no organizadas y para exigir el desarme y silencio de las comunidades que permita una militarización sin discusiones. 
Los linchamientos, como es el caso de Puebla o del Estado de México, corresponden a decisiones guardadas de manera discreta por las comunidades desde hace años en zonas asoladas por la delincuencia, ante el solapamiento que las autoridades hacen de secuestradores, paramilitares, rateros y violadores. No se sabe en esos casos si hay una formación política que distinga las fuentes reales de la violencia como sí la tienen las comunidades en resistencia: los negocios narco paramilitares de las empresas y de los gobiernos. Pero siguen el mismo ejemplo: “tenemos el derecho de defendernos, pues no lo harán los que dicen cuidarnos”. 
En medio de esto, se han expresado cada vez con mayor contundencia las mujeres cansadas de violaciones, secuestros, acosos y feminicidios. Se pasa de las marchas de demandas a las acciones directas de denuncia y confrontación a policías que violan, acosan o maltratan, a jueces que liberan violadores y a las funcionarias y gobernantes que se burlan de sus reclamos o las acusan de provocación a la represión. Son mujeres armadas de la libertad de contradecir: “No nos cuidan, nos violan”, de su libertad de defenderse marcando con brillantina a quienes quieren apaciguar a un pueblo que pierde el miedo y recupera la dignidad. 

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